La aprobación de la nueva Ley de Sometimiento a la Justicia abrió un nuevo frente de controversia política en Colombia. Varios integrantes del Pacto Histórico manifestaron su inconformidad con la iniciativa, que establece un marco jurídico para facilitar el sometimiento de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales a la justicia.
De acuerdo con la información publicada por la revista Semana, el proyecto superó su trámite en el Congreso de la República, con aprobación de la Cámara de Representantes y el Senado, y posteriormente fue sancionado por el presidente Abelardo De La Espriella, convirtiéndose en una nueva herramienta dentro de la política de seguridad del país.
La normativa plantea un cambio en la estrategia del Gobierno frente a las organizaciones criminales. En lugar de mantener un modelo centrado en las negociaciones de paz, busca establecer condiciones jurídicas para que estas estructuras se sometan a la Constitución y la ley, entreguen sus economías ilícitas y avancen hacia el desmantelamiento de sus organizaciones.
Las críticas desde el Pacto Histórico
Entre las voces que han cuestionado la iniciativa se encuentra la senadora Isabel Zuleta, quien expresó reparos frente al tratamiento jurídico que recibirían los integrantes de las organizaciones armadas y advirtió sobre los riesgos de los procesos de sometimiento. La congresista sostuvo que la construcción de paz no puede desconocer las lecciones de anteriores procesos ni dejar a sus participantes sin posibilidades de reincorporación a la sociedad.
Por su parte, el representante Gabriel Becerra también manifestó sus preocupaciones y señaló que el sometimiento a la justicia no debe convertirse en un cheque en blanco para el Gobierno. Según explicó, propuso modificaciones al articulado para evitar que algunas disposiciones puedan interpretarse como una criminalización de la protesta social. Asimismo, defendió que sea un juez y no el presidente quien determine la pertenencia de una persona a una organización criminal.
La oposición también se pronunció
Desde el Centro Democrático, los congresistas Hernán Cadavid y Daniel Briceño se refirieron a las críticas del Pacto Histórico. Cadavid consideró que el descontento de ese sector político estaría relacionado con el desmonte de elementos centrales de la política de Paz Total implementada durante el gobierno anterior.
El congresista sostuvo que el modelo anterior habría permitido mantener beneficios y condiciones favorables para determinadas estructuras criminales, incluyendo medidas relacionadas con la suspensión de órdenes de extradición. A su juicio, la nueva legislación representa un cambio de orientación frente a la manera en que el Estado debe enfrentar a estos grupos.
La discusión evidencia las diferencias entre los sectores políticos sobre el camino que debe seguir Colombia para enfrentar a las organizaciones armadas ilegales. Mientras el Gobierno apuesta por un esquema de sometimiento a la justicia, desde el Pacto Histórico se advierte sobre posibles riesgos jurídicos y sociales de la iniciativa.
El alcance de esta nueva legislación y sus resultados en materia de seguridad, desmantelamiento de estructuras criminales y entrega de economías ilícitas serán determinantes para establecer si representa un avance efectivo en la lucha contra el crimen organizado.
Fuente: Revista Semana.
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