Nuevas conversaciones atribuidas al entonces presidente Gustavo Petro con funcionarios de su Gobierno se conocieron en medio de la controversia por los presuntos beneficios contractuales que habría recibido Deicy Jiménez, mujer que ha señalado al exmandatario de mantener encuentros personales con ella y de favorecerla laboralmente mediante contratos estatales.
Según una investigación divulgada por Noticias Caracol y reseñada por Blu Radio, uno de los mensajes muestra una conversación entre Gustavo Petro y Angie Rodríguez, quien se desempeñaba como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). En el intercambio, el mandatario habría enviado la hoja de vida de Jiménez y solicitado que se le mantuviera vinculada mediante un contrato en el Ministerio del Interior.
De acuerdo con la publicación, Petro escribió: «Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato de Mininterior». Rodríguez habría aceptado la solicitud. En la conversación también se observa que el entonces mandatario no respondió inicialmente a otros mensajes enviados por Rodríguez, pero sí reaccionó cuando recibió la información relacionada con Jiménez.
La investigación periodística señala que Jiménez tenía un contrato con el Ministerio del Interior por once millones de pesos, suscrito en agosto de 2025 y con fecha de terminación el 31 de diciembre de ese mismo año. Posteriormente, el 23 de enero de 2026, habría firmado otro contrato por treinta millones de pesos.
Diez contratos bajo la lupa
La controversia tomó mayor dimensión luego de que la senadora Sara Castellanos, del movimiento Salvación Nacional, revelara que, junto con la representante a la Cámara Carol Borda, identificaron diez contratos a nombre de Deicy Jiménez, suscritos con diferentes entidades del Estado.
Según las declaraciones de Castellanos a Blu Radio, los documentos encontrados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) sumarían aproximadamente 133 millones de pesos.
Entre las entidades relacionadas con estas contrataciones aparecen el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.
La senadora anunció, junto con la representante Borda, una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con el propósito de establecer si Gustavo Petro habría intervenido, ejercido presiones o utilizado su influencia institucional para favorecer las vinculaciones contractuales de Jiménez.
Las congresistas buscan que las autoridades determinen si existieron irregularidades en los procesos de contratación y si los recursos públicos pudieron haberse utilizado para obtener beneficios personales.
Petro niega haber utilizado recursos públicos
Frente a los señalamientos, Gustavo Petro rechazó haber utilizado contratos estatales para obtener favores personales. A través de sus redes sociales, sostuvo que las mujeres que trabajaron durante su Gobierno llegaron por sus capacidades y esfuerzos, y cuestionó la divulgación de imágenes y videos relacionados con su vida privada.
El exmandatario también manifestó que los señalamientos deben ser examinados por las autoridades judiciales y no convertirse en juicios anticipados en los medios de comunicación y las redes sociales.
El caso continúa generando controversia política y judicial. Sin embargo, será responsabilidad de los organismos competentes verificar la autenticidad de las conversaciones, revisar los contratos, establecer si existieron instrucciones indebidas y determinar si se configuró alguna conducta irregular.
Por ahora, los señalamientos y las denuncias deben entenderse como hechos sujetos a investigación y no como responsabilidades judiciales demostradas.
Fuente: Blu Radio
Emisora Fusaonline
