El presidente Gustavo Petro intensificó su discurso ante la inminente caída de la reforma tributaria en el Congreso y advirtió que, de no aprobarse, el país podría entrar en emergencia económica para garantizar los ingresos fiscales necesarios.
El proyecto, que busca recaudar $16,3 billones para el presupuesto de 2026, quedó prácticamente archivado tras la votación de la ponencia negativa en las comisiones económicas del Senado. Aunque en la Cámara hay mayoría favorable, la ley exige que las cuatro comisiones económicas tomen la misma decisión; basta con que una la hunda para que el trámite se detenga.
Si la reforma no se aprueba, el Presupuesto General de 2026 quedaría desfinanciado en $16,3 billones, situación similar a la del año pasado cuando se hundió una reforma por $12 billones y el Gobierno tuvo que aplazar gasto.
Petro afirmó que la deuda pública no es más que “impuestos aplazados” y acusó a las mayorías opositoras de querer “asfixiar financieramente” al Ejecutivo por razones políticas. Advirtió que, sin los nuevos recursos, sería inevitable cerrar servicios esenciales o recortar drásticamente la inversión pública, afectando proyectos como las vías 4G y el Metro de Bogotá.
Gobierno plantea revivir no deducibilidad de regalías
Como alternativa, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, propuso a los congresistas eliminar artículos polémicos (como el impuesto a la cerveza y el recargo de $100 por galón de gasolina por impuesto al carbono) a cambio de restablecer la prohibición de deducir las regalías para empresas petroleras y mineras, medida que aportaría cerca de $3 billones anuales.
Dicha prohibición ya había sido aprobada en la primera tributaria del Gobierno Petro, pero la Corte Constitucional la declaró inexequible por vicios de procedimiento, no de fondo. El Minhacienda asegura que esos reparos ya fueron subsanados técnicamente.
Críticas a la emergencia económica
El exministro José Manuel Restrepo calificó de “exabrupto” la posible declaración de emergencia económica, al considerar que no existen hechos extraordinarios que la justifiquen y que sería fácilmente declarada inexequible por la Corte. Propuso, en cambio, recortar gasto de funcionamiento y burocracia.
Por su parte, el analista Henry Amorocho Moreno explicó que, si la reforma se hunde, el presupuesto aprobado ($546,3 billones en gastos versus $530 billones en ingresos vigentes) deberá ajustarse automáticamente a las rentas legales, lo que obligaría a reducir $16,3 billones en apropiaciones.
Fuente: El Colombiano
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