Un análisis divulgado por The Economist y recogido por Portafolio vuelve a poner sobre la mesa una realidad que Colombia no debería mirar únicamente desde la perspectiva de la seguridad: el enorme crecimiento económico del narcotráfico.
De acuerdo con el reporte, Colombia concentraría cerca del setenta por ciento de la producción mundial de cocaína y el negocio ilegal habría alcanzado una dimensión que supera, en ingresos para las organizaciones criminales, a sectores tradicionales de la economía nacional. Investigaciones de la Universidad EAFIT estimaron que la producción y el tráfico de cocaína generaron alrededor de dieciséis mil quinientos millones de dólares durante dos mil veinticuatro, equivalentes al cuatro coma cuatro por ciento del PIB. (semana.com)
La comparación con el petróleo resulta especialmente preocupante, pero debe hacerse con cuidado. No significa que la cocaína sea una exportación legal ni que sus ingresos ingresen a las cuentas nacionales como ocurre con las actividades formales. Se trata de recursos que terminan principalmente en manos de estructuras criminales. Precisamente ahí está la gravedad del fenómeno.
El problema tampoco puede reducirse al número de hectáreas sembradas de coca. El crecimiento de la producción, la capacidad de procesamiento, las rutas internacionales y la demanda de los mercados extranjeros han permitido que las organizaciones criminales aumenten sus ingresos y fortalezcan su capacidad de control territorial.
El escenario obliga a replantear una pregunta incómoda: ¿qué tan efectiva está siendo la política antidrogas si la producción continúa creciendo hasta alcanzar niveles históricos?
La respuesta no puede limitarse a más erradicación o a mayores incautaciones. El narcotráfico funciona como una economía ilegal completa, con productores, intermediarios, redes de transporte, mecanismos de lavado de activos y conexiones internacionales. Por eso, enfrentarlo exige atacar simultáneamente el dinero, las estructuras criminales, la corrupción, las rutas y, especialmente, la demanda internacional.
Colombia no puede permitirse que una economía criminal alcance semejante dimensión sin convertirla en una prioridad nacional. Más allá de la controversia política, las cifras plantean un desafío que trasciende gobiernos: si el narcotráfico genera cada vez más recursos y poder, mientras las instituciones no logran contener su expansión, el problema deja de ser únicamente de seguridad y se convierte en una amenaza económica, social e institucional.
Fuente: Portafolio, con información de The Economist.
Emisora Fusaonline