La Cámara de Representantes aprobó la Ley de Sometimiento con 95 votos a favor y 10 en contra, luego de más de 12 horas de debate. Con esta decisión, el proyecto impulsado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella superó su último trámite en el Congreso y quedó listo para pasar a sanción presidencial.
La plenaria respaldó el mismo texto que previamente había aprobado el Senado de la República, por lo que no será necesario conformar una comisión de conciliación entre las dos corporaciones. La votación se produjo durante la noche del martes 3 de noviembre, en medio de una discusión marcada por diferencias entre el Gobierno y sectores de oposición.
Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es establecer un marco jurídico para que integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales puedan someterse a la justicia ordinaria, bajo condiciones específicas y con acceso a beneficios judiciales, sin que esto implique reconocimiento político de dichas organizaciones.
¿QUÉ BENEFICIOS CONTEMPLA LA LEY?
Entre los aspectos más relevantes del proyecto se encuentran las reducciones de penas de hasta el 50 % para integrantes de base de las organizaciones criminales y de hasta el 30 % para cabecillas y personas que ejerzan funciones de mando. En este último caso, la condena no podrá ser inferior a diez años de prisión.
Sin embargo, el acceso a estos beneficios estará condicionado al cumplimiento de obligaciones, entre ellas la entrega de bienes, el suministro de información a las autoridades y la colaboración con los procesos de sometimiento a la justicia.
Otro de los cambios importantes establece que las personas condenadas por reclutamiento de menores de edad, así como quienes sean responsables de vincular niños, niñas y adolescentes a estructuras criminales, quedarán excluidas del tratamiento penal diferenciado contemplado en la iniciativa.
Asimismo, para acceder a beneficios relacionados con delitos de lavado de activos y testaferrato, se endurecieron las condiciones, ampliando de uno a seis años el tiempo mínimo de pena cumplida exigido.
NO HABRÁ SUSPENSIÓN DE ÓRDENES DE CAPTURA NI EXTRADICIONES
Durante el debate, el ministro de Justicia, Iván Cancino, manifestó que el proyecto no contempla la suspensión de órdenes de captura ni de extradiciones. También destacó que durante el trámite legislativo se recibieron propuestas de los sectores de oposición y algunas fueron incorporadas al articulado.
Por su parte, el representante Daniel Briceño, ponente de la iniciativa, sostuvo que la nueva legislación establece un modelo diferente al de la política de Paz Total del anterior Gobierno, al descartar las mesas de negociación política y los gestores de paz, y establecer condiciones para el sometimiento ante la justicia.
EL PROYECTO PASA A SANCIÓN PRESIDENCIAL
Durante el trámite legislativo también fue eliminado el artículo que contemplaba la posibilidad de utilizar recursos de gastos reservados del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
Con la aprobación del mismo articulado en Senado y Cámara, el proyecto terminó su recorrido legislativo y quedó pendiente de la revisión final y la sanción presidencial para convertirse oficialmente en ley de la República.
La iniciativa representa un cambio en la política estatal frente a las organizaciones criminales y los mecanismos para facilitar su sometimiento a la justicia.
Fuente: Blu Radio.
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