El designado superintendente de Salud, Daniel Quintero, llega con un expediente de imputaciones por corrupción que contradice la promesa de “revolución ética” del gobierno.
En un movimiento que ha desatado una nueva tormenta política, el Gobierno del presidente Gustavo Petro designó al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como superintendente de Salud, entidad clave para supervisar un sector que atraviesa su peor crisis en décadas.
El nombramiento, anunciado en las últimas horas y cuya hoja de vida ya circula en Presidencia de la República, coloca al frente del control del sistema de salud a un funcionario sin experiencia probada en el área y con múltiples investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción durante su gestión en la capital antioqueña.
Según el editorial de El Colombiano, Quintero enfrenta al menos 55 investigaciones e imputaciones contra su equipo en la Fiscalía. Durante su alcaldía, el Hospital General de Medellín acumuló graves denuncias de corrupción, quedó inoperante y requirió una inyección de 80.000 millones de pesos para su recuperación bajo la administración siguiente. Igualmente, se cuestiona la inversión de 23.744 millones de pesos públicos en la Clínica de La 80, vendida luego por casi la mitad de ese valor en condiciones que están bajo investigación.
El caso más emblemático es el de Aguas Vivas, por el cual Quintero está citado a juicio: un lote avaluado en 2.000 millones de pesos fue pagado en cerca de 50.000 millones, según las irregularidades señaladas.
El medio antioqueño califica la decisión como “poner al zorro a cuidar las gallinas”. Argumenta que, en lugar de presentar un plan para rescatar el sistema de salud –afectado por la fallida reforma del Gobierno–, Quintero inició su anuncio atacando a opositores y prometiendo “desmantelar el cartel de la salud” supuestamente armado por el uribismo y los neoliberales.
“Un gobierno que llegó hablando de ‘revolución ética’ y se va dejando a un imputado al frente del sistema de salud más golpeado en décadas”, sostiene el editorial. Agrega que el cargo otorgaría a Quintero amplios poderes para intervenir o liquidar EPS, como la Nueva EPS que atiende a 23 millones de colombianos, justo en los últimos cien días de la administración Petro.
La designación, según la opinión del diario, no constituye un error de juicio, sino “una declaración de principios”: los leales se premian y los imputados se protegen, mientras los pacientes que esperan medicamentos o cirugías siguen en lista de espera. Incluso ha generado divisiones dentro de sectores de izquierda.
El exalcalde Federico Gutiérrez, sucesor de Quintero en Medellín, advirtió que este nombramiento podría servir como “escudo judicial” para el exmandatario local.
Con este paso, el Gobierno Petro profundiza la desconfianza en amplios sectores del país, particularmente en Antioquia, y normaliza la práctica de utilizar cargos públicos como refugio para figuras cuestionadas, concluye el análisis de El Colombiano.
(Fuente: Editorial de El Colombiano, “Petro puso al zorro a cuidar las gallinas”).
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