La ministra de Salud, Ana María Vesga, presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia relacionada con una grabación encontrada durante una revisión de la gestión administrativa y presupuestal de esa cartera.
De acuerdo con lo informado por la funcionaria, el audio contiene una conversación en la que se hace referencia al manejo de recursos del Ministerio de Salud y en la que, presuntamente, se menciona su nombre en relación con el supuesto reconocimiento de una comisión para ella y miembros de su equipo.
Vesga aseguró que el contenido de la grabación es de especial gravedad y manifestó que nunca ha solicitado, autorizado, recibido o permitido que se solicite dinero, porcentaje, comisión o cualquier otro beneficio en su nombre o en el de funcionarios del Ministerio.
La ministra explicó que decidió poner el material en conocimiento de las autoridades para que sean los organismos judiciales los encargados de establecer la autenticidad de la grabación, identificar a las personas que participaron en la conversación y determinar si lo mencionado constituye algún delito contra la administración pública.
El hallazgo se produjo en medio de una revisión adelantada por la nueva administración del Ministerio de Salud sobre los compromisos, asignaciones, contratos y proyectos recibidos de la anterior gestión. Según la cartera, durante este proceso fueron detectadas deficiencias fiscales, presupuestales y administrativas que llevaron a adoptar medidas para revisar los procesos antes de autorizar nuevos compromisos de recursos públicos.
Entre los asuntos examinados se encuentran proyectos de infraestructura y otras iniciativas que, según el Ministerio, presentaban diferencias entre los recursos comprometidos y aquellos que habían avanzado efectivamente hacia las etapas de obligación y pago.
A raíz de estos hallazgos, Vesga ordenó suspender temporalmente nuevos procesos de contratación, convenios y determinadas modificaciones a contratos existentes, salvo aquellos casos que contaran con autorización previa de su despacho.
La ministra sostuvo que estas medidas buscan establecer con claridad el estado de los recursos recibidos y verificar que cada compromiso cuente con los respectivos soportes técnicos, jurídicos y presupuestales.
En cuanto a la grabación, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía por la posible comisión de delitos contra la administración pública. El material quedó a disposición de las autoridades, que deberán establecer su autenticidad y determinar si puede constituirse en elemento probatorio dentro de una eventual investigación penal.
Es importante precisar que la existencia de la grabación y las afirmaciones contenidas en ella no constituyen por sí mismas una prueba de que se haya cometido un delito. Será la investigación de las autoridades competentes la que determine quiénes participaron en la conversación, si las afirmaciones corresponden a hechos reales y si existió alguna conducta irregular relacionada con recursos públicos.
El Ministerio de Salud señaló que la revisión administrativa continuará de manera independiente a la investigación penal y que la información encontrada será contrastada con los documentos, proyectos, beneficiarios y registros correspondientes.
Fuente: El Espectador.
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