La Cámara de Representantes tiene sobre la mesa tres proyectos de ley que buscan establecer nuevas reglas para el ejercicio de la protesta social y definir cómo deben actuar las autoridades cuando durante las manifestaciones se presenten hechos violentos, daños a bienes o afectaciones a terceros.
Las iniciativas corresponden a la denominada ley antivandalismo, la ley anti capuchos y un proyecto orientado a establecer garantías para el ejercicio de la protesta pacífica. Las propuestas tienen diferencias importantes frente al papel que debe cumplir la Fuerza Pública y las condiciones en las que podría intervenir.
La iniciativa antivandalismo es promovida por el representante Simón Molina, del partido Creemos. El proyecto plantea entregar mayores herramientas a las autoridades para responder ante situaciones de violencia, vandalismo o daños durante las movilizaciones. Entre sus propuestas está permitir que los alcaldes puedan intervenir en universidades cuando dentro de estos espacios se presenten hechos de violencia, terrorismo o vandalismo.
El congresista ha señalado que la iniciativa busca proteger tanto el derecho a la protesta pacífica como los derechos de las personas que puedan resultar afectadas por actos violentos. La propuesta parte de la necesidad, según sus promotores, de establecer reglas más claras para determinar cuándo puede intervenir la Policía.
La segunda iniciativa es conocida como ley anti capuchos y es liderada por el representante Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático. El proyecto busca establecer sanciones penales para quienes oculten deliberadamente su identidad con el propósito de cometer delitos durante una manifestación pública.
La propuesta contempla penas de prisión y multas para quienes incurran en estas conductas, además de circunstancias agravantes cuando se utilicen elementos peligrosos o resulten afectados determinados bienes o infraestructuras. Sus impulsores sostienen que el objetivo no es prohibir la protesta ni el uso de prendas que cubran el rostro por sí mismas, sino sancionar el ocultamiento de identidad cuando este sea utilizado para facilitar la comisión de delitos.
En contraste, desde el Pacto Histórico se impulsa el proyecto denominado Garantías al Derecho Fundamental a la Protesta Social y la Manifestación Pública, presentado por el representante Daniel Monroy. La iniciativa busca fortalecer los mecanismos de diálogo y concertación antes de recurrir al uso de la fuerza.
Según el congresista, la Fuerza Pública debe considerar la intervención como un último recurso cuando se trate de protestas pacíficas, mientras que las autoridades deberían priorizar los espacios de interlocución con los manifestantes.
El debate refleja dos posiciones diferentes dentro del Congreso. Mientras algunos sectores consideran necesario fortalecer las herramientas de las autoridades para responder rápidamente ante hechos violentos y proteger los bienes y derechos de terceros, otros advierten sobre la necesidad de preservar el derecho fundamental a la manifestación y garantizar que el diálogo sea la primera alternativa.
Las tres iniciativas se encuentran en trámite legislativo y deberán superar las respectivas discusiones y votaciones antes de convertirse en normas. Por ahora, no constituyen nuevas reglas vigentes para todas las protestas en Colombia.
Fuente: La FM
Emisora Fusaonline
