El Gobierno nacional presentó una propuesta de reforma fiscal que contempla cambios en los aportes al sistema de salud y en las obligaciones que deben asumir las empresas por sus trabajadores. La iniciativa está contenida en el Proyecto de Ley de Rescate Fiscal y deberá ser discutida y aprobada por el Congreso antes de convertirse en norma.
Uno de los principales cambios planteados está relacionado con la cotización de los trabajadores dependientes al régimen contributivo de salud. De acuerdo con la propuesta, quienes reciban ingresos de hasta dos salarios mínimos mantendrían el aporte actual del cuatro por ciento, mientras que para quienes superen ese nivel se establecerían porcentajes progresivamente mayores.
Así, los trabajadores que reciban entre más de dos y hasta cuatro salarios mínimos aportarían el cinco coma cinco por ciento; quienes estén entre más de cuatro y hasta cinco salarios mínimos, el seis por ciento; entre más de cinco y hasta diez, el seis coma cinco por ciento; y quienes tengan ingresos superiores podrían llegar a aportar hasta el ocho por ciento, dependiendo de su nivel salarial.
El cambio significaría que una parte mayor del salario de los trabajadores con ingresos superiores a dos salarios mínimos sería destinada al sistema de salud. La propuesta está planteada para comenzar a aplicarse a partir del primero de enero de dos mil veintisiete, en caso de ser aprobada.
Los trabajadores independientes también estarían incluidos en la modificación. Para este grupo, el proyecto contempla aportes a salud que comenzarían en el doce coma cinco por ciento para quienes reciban un salario mínimo y aumentarían progresivamente hasta alcanzar el quince coma cinco por ciento para quienes tengan ingresos superiores a veinte salarios mínimos.
El ajuste ha generado cuestionamientos entre analistas y expertos, debido a que los trabajadores independientes deben asumir directamente una mayor proporción de sus aportes a seguridad social. Leonardo Varón García, contador público citado por El Colombiano, advirtió que la medida representaría mayores costos para este grupo y un incremento en sus obligaciones.
Otro de los puntos relevantes de la propuesta está relacionado con las empresas. El proyecto plantea reducir el alcance de la exoneración actualmente existente para determinados empleadores frente a los aportes destinados a salud, el Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA— y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF—.
Con el cambio propuesto, las empresas conservarían la exoneración para trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos, pero tendrían nuevamente que asumir estos aportes por empleados que superen ese nivel de ingresos. Esto podría incrementar el costo de la contratación formal, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
Los cálculos citados por El Colombiano muestran que el impacto económico variaría dependiendo del salario de cada trabajador. Para empleados que se encuentren en determinados rangos salariales, el aumento de los aportes patronales, sumado al mayor descuento por salud y a otros efectos tributarios contemplados en la propuesta, podría representar incrementos importantes en el costo mensual de la vinculación laboral.
Uno de los aspectos que más preocupación genera es que una parte significativa de los empleos que resultarían afectados estaría concentrada entre trabajadores que reciben entre dos y cuatro salarios mínimos. Según los cálculos presentados por el medio, este grupo representaría aproximadamente siete de cada diez empleos afectados por los cambios analizados.
La discusión también ha abierto un debate sobre el posible impacto de la reforma en el empleo formal. Los críticos de la iniciativa advierten que aumentar los costos asociados a la nómina podría llevar a algunas empresas a reconsiderar nuevas contrataciones, modificar estructuras salariales o enfrentar mayores dificultades para mantener determinados puestos de trabajo.
Camilo Guzmán, director de Libertank, cuestionó que el proyecto combine medidas de reducción del gasto público con nuevos cobros a trabajadores y empresas. Según su análisis, el empleo formal terminaría soportando mayores cargas tanto por el lado del empleador como del trabajador.
Por su parte, Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, reconoció la necesidad de realizar ajustes en las finanzas públicas, pero cuestionó la distribución del esfuerzo planteado por el Gobierno. Su posición apunta a que el Congreso debe revisar con detalle cuánto del ajuste provendría realmente de la reducción del gasto y cuánto recaería sobre impuestos y contribuciones.
En consecuencia, el proyecto abre una discusión que va más allá del aumento de los aportes a salud. El debate tendrá que establecer si las nuevas fuentes de recursos justifican el impacto que podrían tener sobre el ingreso disponible de los trabajadores y sobre el costo de generar y mantener empleo formal en Colombia.
Es importante precisar que estos cambios son propuestas contenidas en un proyecto de ley y no constituyen todavía obligaciones vigentes para trabajadores, independientes o empresas. La iniciativa deberá avanzar en el trámite legislativo y podría ser modificada durante su discusión en el Congreso.
Fuente: El Colombiano
Emisora Fusaonline
