Una nueva controversia se abrió alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) luego de que la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, difundiera fragmentos de una audiencia en la que participó Rodrigo Londoño, conocido durante el conflicto armado como “Timochenko”. El material, que inicialmente tenía carácter reservado, contiene declaraciones relacionadas con el trato que recibían las personas secuestradas por las extintas Farc y con las condiciones acordadas durante el proceso de paz. (Fuente: El Espectador).
En los videos divulgados se escucha a Londoño sostener que dentro de las Farc existían criterios para garantizar un determinado trato a los secuestrados y negar que hubiera lineamientos internos orientados a la tortura. Durante la audiencia, según el material publicado, afirmó que la tortura no estaba contemplada y que quienes golpearan a otra persona podían ser sancionados dentro de la organización. (Fuente: El Espectador).
Otro de los apartes que generó controversia corresponde a una declaración en la que Londoño se refiere a las condiciones bajo las cuales los integrantes de las Farc se someterían al acuerdo de paz. En ese contexto, manifestó que no se había planteado que los miembros de la organización firmaran el acuerdo para posteriormente ir directamente a prisión. (Fuente: El Espectador).
La senadora María Clara Posada utilizó las grabaciones para cuestionar el papel de la JEP y las sanciones aplicadas a los antiguos integrantes de las Farc. La congresista calificó el contenido como una muestra de lo que considera un trato cuestionable hacia los responsables de hechos relacionados con el secuestro y sostuvo que las declaraciones conocidas merecían una discusión pública. (Fuente: El Espectador).
Rodrigo Londoño respondió a la divulgación de los videos y cuestionó que la senadora hubiera publicado material correspondiente a una actuación judicial reservada. El excomandante de las Farc sostuvo que la difusión de la grabación afecta la verdad judicial, el proceso restaurativo y los derechos de las víctimas, además de advertir sobre posibles consecuencias para la seguridad jurídica de quienes comparecen ante la JEP. (Fuente: El Espectador).
La JEP también ha respondido a los cuestionamientos. En relación con el Caso cero uno, que investiga los secuestros cometidos por las Farc, el tribunal ha señalado que la Sala de Reconocimiento de Verdad imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a antiguos integrantes de esa organización por hechos relacionados con la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad. (Fuente: El Espectador).
La JEP también ha indicado que dentro de las conductas atribuidas en ese caso se encuentran, entre otras, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, el homicidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la violencia sexual. Entre los antiguos integrantes del Secretariado señalados por el tribunal se encuentra Rodrigo Londoño. (Fuente: El Espectador).
La controversia se suma a las críticas que distintos sectores políticos y antiguos protagonistas del proceso de paz han planteado sobre el funcionamiento, los tiempos y el alcance de la JEP. El debate vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre el carácter reservado de determinadas actuaciones judiciales, el derecho de las víctimas a conocer la verdad y la discusión política alrededor de las decisiones adoptadas por el tribunal de paz. (Fuente: El Espectador).
Fuente: El Espectador
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