El Gobierno colombiano presentó un proyecto de decreto que ha generado confusión y expectativas en torno a la regulación de las plataformas digitales y el acceso de niños, niñas y adolescentes a las redes sociales. Lejos de imponer una veda absoluta —como algunos interpretaron inicialmente—, la iniciativa busca establecer mecanismos de corresponsabilidad entre el Estado, las empresas tecnológicas y las familias para proteger a los menores en el entorno digital, según aclaró la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia.
La ministra fue enfática en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu: “No van a prohibir los celulares, no van a prohibir las redes, ni van a prohibir que los niños estén en las redes sociales”. En cambio, el decreto —derivado de la Ley 2489 de 2025— crea el Comité Nacional de Tecnología, Niñez y Adolescencia, un espacio de articulación que obligará a las plataformas (como TikTok, Meta o YouTube) a entregar informes anuales sobre el uso que hacen los menores de sus servicios. El objetivo central es recopilar evidencia sólida sobre riesgos reales: grooming, ciberacoso y vulneración de derechos humanos que, según Murcia, exponen especialmente a los más jóvenes.
Con datos que revelan que el 70 % de los jóvenes accede a contenidos por internet y que incluso niños de 2 o 3 años interactúan con estas herramientas, el Gobierno apuesta por un enfoque gradual y basado en datos, no en prohibiciones impulsivas. Si los informes demuestran un “alto porcentaje de abuso”, se evaluarán medidas concretas. Mientras tanto, se impulsarán programas de sensibilización en colegios, capacitación docente y herramientas de control parental, reconociendo que muchas restricciones técnicas ya son burladas por los propios menores.
Esta estrategia refleja una madurez regulatoria necesaria. En un país donde la penetración digital crece aceleradamente, dejar el tema exclusivamente en manos de las familias o de las plataformas —cuyos algoritmos priorizan engagement sobre protección— equivale a abdicar de la responsabilidad estatal. La corresponsabilidad que reclama la ministra es acertada: padres, educadores y empresas deben asumir su rol. Sin embargo, el éxito dependerá de la eficacia real del comité y de que los informes no se conviertan en un ejercicio burocrático sin consecuencias.
Referentes internacionales como Suecia, Francia y Australia han avanzado hacia restricciones más directas en entornos escolares o por edad. Colombia inicia un camino más cauteloso, lo cual puede ser prudente si evita errores de implementación, pero también arriesga dilatar soluciones frente a daños que ya ocurren en tiempo real en el desarrollo cognitivo, emocional y social de miles de niños.
En síntesis, el decreto no prohíbe, pero tampoco ignora el problema. Es un primer paso institucional para pasar de la alarma pública a la acción informada. La verdadera prueba vendrá en los próximos años: si Colombia logra traducir datos en políticas efectivas que fomenten un uso responsable de la tecnología sin criminalizarla, o si, por el contrario, la burocracia termina protegiendo más a las plataformas que a los menores. La opinión pública y los padres esperan resultados, no solo comités.
(Fuente: Blu Radio)
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