El documento recoge normativas y jurisprudencias tanto nacionales como internacionales, incluyendo lineamientos de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las guías de Naciones Unidas. La directiva está dirigida a fiscales e investigadores, y establece los derechos y deberes de los participantes en las protestas pacíficas, así como las competencias y responsabilidades de los funcionarios encargados de investigar actos delictivos cometidos durante dichas movilizaciones.
La Fiscalía reafirma que el personal debe tomar decisiones sin prejuicios ni discriminación, con especial atención a la protección de defensores de derechos humanos y periodistas que cubren estas protestas. Además, se destacan delitos frecuentes durante manifestaciones, como la obstrucción de vías, la perturbación del transporte público, la violencia contra servidores públicos y el daño en propiedad ajena.
Con esta directiva, la Fiscalía General busca fortalecer los caminos democráticos y garantizar el respeto por el derecho constitucional a la protesta pacífica, contribuyendo a la consolidación de un espacio para el debate respetuoso en
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Emisora Fusaonline