La exministra de Justicia Ángela María Buitrago aseguró que durante el Gobierno de Gustavo Petro funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz intervinieron en asuntos relacionados con procesos de extradición, pese a que, según su interpretación jurídica, esa dependencia no tenía competencia para participar en este tipo de procedimientos. Las declaraciones fueron entregadas en entrevista con Mañanas Blu y se conocen en medio del debate generado por recientes decisiones de extradición adoptadas por el nuevo Gobierno.
Buitrago sostuvo que su posición mientras estuvo al frente del Ministerio de Justicia fue que los integrantes de organizaciones armadas o estructuras criminales que pretendieran acogerse a mecanismos derivados de la política de paz total debían demostrar acciones concretas de sometimiento, entregar las armas y abandonar las actividades delictivas.
Según la exfuncionaria, no era jurídicamente procedente conceder beneficios relacionados con los procesos de paz mientras los integrantes de esos grupos continuaran delinquiendo. Su postura, explicó, se mantuvo durante los casos que generaron mayores controversias durante su paso por la cartera de Justicia.
El caso de alias Araña
Uno de los episodios mencionados por Buitrago fue la captura de Andrés Rojas, conocido como alias Araña, señalado como integrante de los Comandos de Frontera y requerido por las autoridades de Estados Unidos.
El hombre fue capturado en Bogotá en febrero de 2025, en cumplimiento de una orden internacional y una circular roja de Interpol. La exministra defendió la actuación de las autoridades y aseguró que, desde el Ministerio de Justicia, se dejó constancia de que no existían razones jurídicas que permitieran impedir la captura.
Buitrago también rechazó la interpretación según la cual el procedimiento habría constituido un supuesto “entrampamiento” para las negociaciones de paz. En su explicación, se trataba del cumplimiento de una orden de captura internacional y de los mecanismos de cooperación judicial correspondientes.
La exministra recordó que el Ministerio de Justicia no hacía parte directamente de las mesas de negociación y diferenció las competencias relacionadas con la política de paz de aquellas propias de los procedimientos judiciales y de extradición.
Las diferencias por el caso de alias HH
Otro de los casos expuestos por Buitrago fue el de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, señalado cabecilla de Comuneros del Sur.
La exministra afirmó que recibió un concepto negativo proveniente de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz relacionado con el proceso de extradición. Desde su perspectiva, ese pronunciamiento representaba una intervención en un procedimiento para el cual dicha oficina no tendría competencia.
Buitrago sostuvo que las decisiones relacionadas con la extradición debían tramitarse conforme al procedimiento establecido por la legislación colombiana y con la participación de las autoridades que tienen competencia legal para ello. En particular, señaló que la Corte Suprema de Justicia tiene un papel determinante dentro del procedimiento de extradición.
De acuerdo con su relato, mantuvo su posición favorable a que la extradición de alias HH siguiera adelante y respondió oficialmente al concepto que había recibido.
La exministra aseguró que las diferencias alrededor de este y otros asuntos terminaron influyendo en su decisión de presentar la renuncia al Ministerio de Justicia en mayo de 2025. Según su versión, existían desacuerdos sobre la forma en que se estaban abordando determinados asuntos relacionados con la política de paz y el sistema de justicia.
Debate sobre la Ley de Paz Total
El trasfondo de la controversia está relacionado con la interpretación de la Ley 2272 de 2022, que estableció instrumentos para la política de paz total y reguló mecanismos de acercamiento, negociación y sometimiento con diferentes estructuras armadas.
Buitrago considera que esa legislación no podía interpretarse como una autorización automática para suspender órdenes internacionales de captura o modificar procedimientos de extradición. Su argumento es que quienes aspiraran a obtener beneficios derivados de los procesos de paz debían cumplir condiciones verificables y abandonar las actividades criminales.
La controversia también pone sobre la mesa la necesidad de delimitar con claridad las competencias entre el Ministerio de Justicia, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República en asuntos que involucren simultáneamente política de paz, procesos judiciales y cooperación internacional.
Las afirmaciones de Buitrago corresponden a su versión de los hechos y a su interpretación jurídica sobre las actuaciones ocurridas durante su gestión. Por ahora, sus señalamientos deben diferenciarse de una eventual determinación oficial sobre responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales.
La controversia adquiere relevancia porque los procesos de extradición de integrantes de organizaciones armadas han sido uno de los puntos de mayor tensión alrededor de la política de paz total implementada durante el Gobierno Petro. En ese contexto, el alcance de las facultades de las distintas instituciones continúa siendo objeto de debate jurídico y político.
Fuente: BLU Radio.
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