Las cuentas bancarias del Pacto Histórico fueron objeto de una medida cautelar ordenada por un juzgado de Barrancabermeja, dentro de un proceso relacionado con un préstamo que habría sido entregado durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en dos mil veintidós.
De acuerdo con la información publicada por El Colombiano, el proceso se originó por una reclamación presentada por la empresaria santandereana Bibiana Pérez, quien exige el pago de un préstamo por 450 millones de pesos, además de los intereses correspondientes. Según los registros de campaña citados en el proceso, el dinero habría sido entregado el 18 de mayo de dos mil veintidós, pocos días antes de la primera vuelta presidencial.
La medida inicialmente estaba relacionada con Colombia Humana y con Ricardo Roa, quien se desempeñó como gerente de la campaña presidencial. Sin embargo, tras la unificación de varias colectividades políticas en el Pacto Histórico, las responsabilidades jurídicas y administrativas de Colombia Humana pasaron a la nueva colectividad, razón por la cual el embargo alcanza ahora las cuentas del partido.
Según el reporte, la Cooperativa Confiar, donde se encuentran algunas de las principales cuentas del Pacto Histórico, deberá hacer efectiva la medida ordenada por el juzgado.
La demandante sostiene que la obligación permanece pendiente de pago y reclama tanto el capital como los intereses. Dentro del proceso también se habían adoptado medidas contra Ricardo Roa, entre ellas el embargo de su salario y el secuestro de bienes registrados a su nombre.
El caso se suma a otros procesos que han puesto bajo escrutinio la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. La Fiscalía también adelanta una investigación contra Ricardo Roa por la presunta violación de los topes de gastos electorales. En ese proceso, el ente acusador sostiene que la campaña habría excedido los límites permitidos en más de 1.600 millones de pesos. Roa no aceptó los cargos y se declaró inocente.
La Fiscalía presentó posteriormente el escrito de acusación y señaló entre los gastos cuestionados rubros relacionados con transporte, publicidad, alimentación, logística y eventos de campaña.
Es importante precisar que el embargo de las cuentas constituye una medida cautelar dentro de un proceso judicial y no significa, por sí mismo, que se haya establecido mediante sentencia definitiva la responsabilidad del partido frente a la obligación reclamada.
Fuente: El Colombiano
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