La Corte Suprema de Justicia citó a declarar a Deicy Jiménez, excontratista del Estado que realizó denuncias relacionadas con presuntos contratos entregados a mujeres a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro. La diligencia está prevista para este jueves, en el marco de las actuaciones que adelanta el alto tribunal.
El caso surgió después de las declaraciones entregadas por Jiménez a SEMANA, en las que aseguró conocer situaciones relacionadas con la presunta utilización de contratos estatales para favorecer a mujeres que, según su denuncia, habrían tenido encuentros de carácter sexual con el entonces presidente Gustavo Petro. Los señalamientos son actualmente objeto de investigación y no constituyen, por sí mismos, una prueba de responsabilidad penal.
La Fiscalía General de la Nación también abrió una investigación por las posibles irregularidades en la contratación pública denunciadas por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos. Según la información publicada, se investiga la existencia de contratos que presuntamente habrían sido asignados sin requisitos o sin condiciones claramente establecidas.
Aunque la defensa de Jiménez había solicitado que la Fiscalía escuchara su testimonio y recibiera los elementos de prueba que afirma tener en su poder, hasta el momento, según SEMANA, el ente investigador no la había citado. La Corte Suprema, en cambio, ya inició actuaciones dentro de los procesos relacionados con Gustavo Petro y María José Pizarro.
En el caso de Petro, la Corte analiza hechos relacionados con su periodo como senador. La investigación también involucra a María José Pizarro, cuya unidad de trabajo legislativo tuvo un contrato con Jiménez.
El abogado Felipe Caballero, defensor de Jiménez, pidió que la Fiscalía avance en la declaración de su representada y en los actos de corroboración de los hechos denunciados. La diligencia ante la Corte busca contribuir al esclarecimiento de las circunstancias y determinar si existen responsabilidades.
Las autoridades deberán establecer, mediante las respectivas investigaciones, si las denuncias corresponden a hechos constitutivos de delito, cuáles contratos estuvieron involucrados y qué responsabilidad individual podría existir. Hasta que concluyan las actuaciones judiciales, se mantiene la presunción de inocencia de las personas señaladas.
Fuente: SEMANA
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