El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha puesto en marcha una investigación interna para abordar lo que describe como “filtraciones de información de seguridad nacional”, y no descarta recurrir a pruebas de polígrafo, conocidas como detectores de mentiras, para identificar a los responsables. Esta decisión, anunciada recientemente, ha desatado un debate sobre la efectividad y las implicaciones éticas de tales métodos en un contexto de creciente tensión por la divulgación no autorizada de datos clasificados.
El anuncio proviene de un memorando interno firmado por Pete Hegseth, jefe de gabinete del secretario de Defensa, y publicado en el sitio oficial del Pentágono. Aunque el documento no especifica las filtraciones en cuestión, fuentes cercanas al caso sugieren que podrían estar relacionadas con recientes informes sobre planes militares sensibles. Por ejemplo, un artículo del *New York Times* afirmó que Elon Musk, en su nuevo rol como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), habría recibido información sobre estrategias militares en caso de un conflicto con China durante una visita al Pentágono. Tanto el presidente Donald Trump como funcionarios del Departamento de Defensa han desmentido esta versión, calificándola de “falsa” y asegurando que no se compartieron tales detalles.
La posible implementación de pruebas de polígrafo ha generado reacciones encontradas. Este método, aunque no es admisible en tribunales estadounidenses desde un fallo de la Corte Suprema en 1998, sigue siendo utilizado por agencias federales para evaluar la confiabilidad de empleados con acceso a información clasificada. Sin embargo, expertos como George Maschke, fundador de AntiPolygraph.org y exinterrogador militar, cuestionan su validez. “Los polígrafos son poco fiables y producen falsos positivos con frecuencia”, asegura Maschke, añadiendo que su uso puede servir más como herramienta de intimidación que como un medio efectivo para detectar la verdad.
Por otro lado, algunos defensores dentro del gobierno argumentan que las filtraciones representan una amenaza directa a la seguridad nacional, justificando medidas drásticas. “Proteger información sensible es una prioridad en un mundo donde la desinformación puede ser un arma”, señaló un portavoz del Pentágono en un comunicado.
La investigación del Pentágono no ocurre en el vacío. El Departamento de Justicia también está examinando filtraciones relacionadas con el Tren de Aragua, una banda criminal venezolana cuyos miembros están siendo deportados por la administración Trump. Según analistas, estas divulgaciones selectivas de información —a veces inexacta— podrían ser intentos deliberados de probar la reacción pública ante políticas en desarrollo. Paralelamente, Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anunció que su agencia empleará polígrafos para identificar filtradores, afirmando que ya se han detectado dos sospechosos que enfrentarán cargos penales.
Este no es el primer episodio de este tipo. En 2023, el caso de Jack Teixeira, un miembro de la Guardia Nacional Aérea que filtró más de 100 documentos clasificados, expuso serias vulnerabilidades en los protocolos de seguridad del Pentágono. Desde entonces, el Departamento ha prometido fortalecer sus sistemas, aunque las filtraciones persisten como un desafío recurrente.
El uso de polígrafos ha dividido opiniones. Algunos analistas de seguridad nacional lo ven como un paso necesario para proteger secretos en un entorno geopolítico volátil. Sin embargo, críticos advierten que podría dañar la moral interna y silenciar a denunciantes legítimos. “El gobierno debe hallar un equilibrio entre seguridad y transparencia”, comentó un exfuncionario del Pentágono bajo anonimato. “Intimidar al personal con herramientas cuestionables no es la respuesta”.
A medida que la investigación avanza, el Pentágono enfrenta el reto de demostrar que sus métodos son efectivos y éticos. La administración Trump, que ha hecho de la seguridad nacional un pilar de su agenda, deberá convencer tanto a sus empleados como al público de que estas medidas no socavan los principios de accountability que sostiene defender. Mientras tanto, el debate sobre las filtraciones y el uso de polígrafos sigue abierto, invitando a una reflexión crítica sobre los límites entre el secreto gubernamental y el derecho a saber. —via AP Pres Español —
Emisora Fusaonline