Una investigación periodística reveló graves irregularidades en el control de armamento del Ejército Nacional, que incluyen la desaparición de más de 123 mil municiones y piezas de equipo militar en unidades clave como el Fuerte Tolemaida y la Primera División, con indicios de que el Comando General de las Fuerzas Militares buscó minimizar y tapar los hallazgos.0
Según documentos y testimonios obtenidos por Cuestión Pública, la pérdida involucra 120 granadas de mano M26, miles de cartuchos calibre 5.56 mm, 868 granadas, granadas de 40 mm, detonadores y cargas de demolición. Los faltantes se detectaron principalmente en la Escuela de Lanceros del Centro Nacional de Entrenamiento (CENAE) en Tolemaida y en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate n.º 10 ‘Cacique Upar’, en Valledupar.
La investigación interna se activó en diciembre de 2023, tras un informe de la Policía Nacional que halló restos de granadas del Ejército en el atentado al peaje de Pipiral, en el Meta. El entonces comandante del Ejército, general Mauricio Ospina, ordenó una revisión exhaustiva a través de la Inspección General. Equipos de 230 uniformados inspeccionaron armerillos y contrastaron registros del sistema SAP con la documentación física, detectando falsificación de firmas en minutas, préstamos de material sin actas de entrega y remarcación de seriales en fusiles.
Fuentes de la Inspección del Ejército denunciaron que, una vez conocido el alcance de las inconsistencias, el Comando General envió una comisión propia a Tolemaida. El informe resultante, de apenas 11 páginas, omitió hallazgos relevantes —como la pérdida de granadas M26— y redujo las irregularidades a “desórdenes administrativos”, en contraste con los reportes más extensos y detallados elaborados por la Inspección.
Además, varios oficiales que participaron en las pesquisas fueron llamados a calificar servicios, trasladados a zonas de alto riesgo o sometidos a presiones, incluyendo amenazas, según los testimonios recogidos. Una fuente citada describió el ambiente como una retaliación contra quienes profundizaron en los casos.
Hasta el momento, no se ha logrado establecer con precisión el destino final del material faltante, aunque las sospechas apuntan a posibles desvíos hacia grupos al margen de la ley. La Fiscalía General de la Nación y la Contraloría no han reportado avances significativos en las indagaciones.
El caso pone en evidencia serias fallas en los sistemas de control de inventarios y genera inquietud sobre la transparencia en el manejo del material de guerra de las Fuerzas Militares. Cu