Este lunes 9 de septiembre, docentes, ecónomas y personal operativo del Centro de Desarrollo Infantil (C.D.I) “Creciendo Juntos”, ubicado en el barrio Emilio Sierra de Fusagasugá, denunciaron que llevan más de dos meses sin recibir su sueldo. Según informaron, la situación ha llegado a tal extremo que varios trabajadores han requerido atención médica en hospitales, pero no han sido atendidos debido a la falta de pago de los para fiscales por parte del operador del centro, “la Fundación Social Vida”, que tiene contrato hasta el 30 de septiembre del presente año.
Además, el personal docente y auxiliar ha señalado la presunción y posibles conflictos de interés dentro del ICBF centro zonal y los C.D.I. al señalar que la coordinadora, Yamile Páez Beltrán, es hermana de Raquel Páez, una líder política de la región y en años pasado ejerció como madre comunitaria, y quien es la madre del asesor jurídico del Centro Zonal de Fusagasugá. También mencionaron que Lorena Moreno Páez, coordinadora del C.D.I “Contigo con Todo” del mismo municipio, es parte de la misma familia, lo que ha generado sospechas sobre la influencia de estas relaciones en la administración del centro zonal, y los C.D.I. Denuncias en contra de la Fundación que opera el C.D.I: Acusaciones de retrasos en pagos y negligencia en la supervisión del contrato
Durante las manifestaciones llevadas a cabo en las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil (C.D.I), varios medios de comunicación se hicieron presentes para documentar la situación. Testigos afirmaron que la actual coordinadora del centro se encontraba riendo en el interior de la edificación, pero al percatarse de que se estaban realizando denuncias, cesaron las risas y el ambiente festivo.
Los funcionarios del C.D.I manifestaron que gran parte de los problemas radican en que la fundación para la cual laboran, presuntamente, no presentaba las cuentas de cobro a tiempo. Esta situación provocaba que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) retrasara los pagos, según indicaron.
Además, los trabajadores solicitaron respuestas a la doctora Sandra Vargas, directora encargada del centro zonal del ICBF, quien llegó al lugar. Sin embargo, su actitud fue ignorar por completo a los medios de comunicación presentes. Vargas es la responsable de supervisar el contrato con la mencionada fundación, la cual, según indagaciones, no sería originaria de la región, sino de La Guajira. De acuerdo con los funcionarios, la fundación tendría investigaciones abiertas en otras partes del país.
El personal afectado expresó temor a represalias, mientras que los niños y niñas que asisten al C.D.I permanecen en sus hogares a la espera de una solución. Al lugar acudieron representantes de la Personería Municipal y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes comenzaron a atender la situación, aunque hasta el momento no se ha dado una respuesta formal por parte del operador o los directivos del centro zonal ni del C.D.I.
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