La consejera comisionada de Paz, Viviane Morales, advirtió que los programas relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc tendrán recortes presupuestales, debido a la situación fiscal que atraviesa el país. El anuncio se conoció durante una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que se abordó la protección de los firmantes del acuerdo y sus familias.
Durante su intervención, Morales sostuvo que el Presupuesto General de la Nación garantizará, bajo un escenario de austeridad fiscal, los recursos destinados a la seguridad material de quienes dejaron las armas y sus núcleos familiares. Sin embargo, aclaró que la implementación del Acuerdo de Paz no implica mantener intactos los mecanismos administrativos y presupuestales utilizados hasta ahora.
La funcionaria también señaló que el Gobierno deberá impulsar los ajustes que considere necesarios, teniendo en cuenta el respeto por los derechos de las víctimas, los firmantes del acuerdo y las decisiones judiciales relacionadas con el proceso de paz.
Las declaraciones generaron un intercambio con el magistrado Gustavo Salazar, quien advirtió que las dificultades presupuestales no pueden convertirse en una justificación para desproteger derechos fundamentales. Según su postura, el camino debe ser garantizar una asignación de recursos suficiente para cumplir los compromisos adquiridos por el Estado.
Frente a esta preocupación, Morales insistió en que los recortes serán generales y deberán estar acompañados de medidas para mejorar la eficiencia administrativa, fortalecer la transparencia y combatir la corrupción. La comisionada considera que el país necesita revisar la manera en que se han utilizado los recursos destinados a la implementación del acuerdo.
En ese contexto, recordó que durante los últimos diez años se habrían invertido alrededor de 170 billones de pesos en los diferentes programas relacionados con el Acuerdo de Paz. No obstante, cuestionó los resultados alcanzados y afirmó que un mayor volumen de recursos no necesariamente se ha traducido en un avance proporcional en su implementación.
Morales también ha cuestionado los resultados de la política de Paz Total, al señalar que se destinaron importantes recursos a mesas de negociación, viáticos y desplazamientos, mientras, según sus declaraciones, las condiciones de seguridad del país se deterioraban.
El debate sobre la financiación de los programas de paz se produce cuando se cumplen diez años de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, un periodo en el que persisten las discusiones sobre el cumplimiento de los compromisos, la reincorporación de los excombatientes, la seguridad de los firmantes y las garantías para las víctimas del conflicto armado.
Fuente: El Espectador – Redacción Política.
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