La situación de orden público en Santa Marta continúa generando preocupación, pese al despliegue de la Fuerza Pública ordenado por el Gobierno Nacional. La ciudad permanece con una importante reducción de actividades comerciales, educativas y de transporte, en medio del paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
La medida de militarización fue adoptada después de la muerte, durante un operativo policial, de José Luis Pérez Villanueva, conocido con el alias de “Cholo” y señalado por las autoridades como segundo comandante de las ACSN. Tras este hecho, la estructura armada anunció acciones de presión que afectaron a Santa Marta y sectores de la Troncal del Caribe. (El Espectador)
Aunque el Gobierno desplegó efectivos de la Fuerza Pública y reforzó la vigilancia aérea con aviones Kfir, el panorama en las calles continúa marcado por el temor de los habitantes. El comercio permanece parcialmente cerrado y se han registrado restricciones en el transporte público y la actividad educativa, debido al riesgo de posibles represalias contra quienes circulen por la ciudad. (El Espectador)
La situación también ha generado denuncias relacionadas con la presión que ejercerían integrantes de las ACSN sobre comunidades ubicadas principalmente en sectores periféricos y rurales. La defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar aseguró que recibió información sobre presuntos casos de reclutamiento de menores y jóvenes en barrios de Santa Marta, hechos que deberán ser investigados y verificados por las autoridades competentes. (El Espectador)
Otro de los impactos señalados corresponde a la economía local. De acuerdo con declaraciones recogidas por El Espectador de la Cámara de Comercio, el cierre de establecimientos habría ocasionado pérdidas económicas importantes para Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera. La afectación alcanza especialmente a comerciantes y actividades relacionadas con el turismo. (El Espectador)
Organizaciones defensoras de derechos humanos también han advertido que el despliegue de uniformados no necesariamente garantiza que las comunidades de las zonas periféricas recuperen plenamente la movilidad y la tranquilidad. Según estas organizaciones, la presencia estatal se ha concentrado principalmente en sectores urbanos, mientras persisten preocupaciones en áreas rurales donde la estructura armada mantiene influencia. (El Espectador)
El Gobierno, por su parte, mantiene la presencia de la Fuerza Pública en la zona y ha señalado que las acciones buscan recuperar el control territorial y enfrentar a las estructuras criminales. Sin embargo, la permanencia de calles vacías y establecimientos cerrados evidencia que la población todavía enfrenta un escenario de incertidumbre.
La crisis representa además un desafío para la actividad turística de Santa Marta, uno de los principales destinos del Caribe colombiano. Mientras continúan las operaciones de seguridad, habitantes, comerciantes y defensores de derechos humanos reclaman medidas que permitan recuperar la movilidad y proteger a las comunidades frente a posibles represalias. (El Espectador)
Fuente: El Espectador
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