La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra los excongresistas Sandra Ramírez Lobo y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como alias ‘Marcos Calarcá’, en el marco de las investigaciones por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
La decisión fue adoptada por la magistrada Patricia del Socorro Hernández Zambrano, integrante de la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, luego de recibir una compulsa de copias enviada por la Fiscalía General de la Nación el pasado 20 de octubre, relacionada con el proceso que busca esclarecer las circunstancias y los responsables del crimen.
El inicio de esta actuación judicial se produce después de las declaraciones entregadas por María Claudia Tarazona, esposa del senador asesinado, durante una entrevista con Caracol Televisión el pasado 14 de octubre. En esa oportunidad, Tarazona aseguró que los recursos económicos utilizados para financiar el asesinato habrían salido de Venezuela y manifestó que dicha información ya había sido puesta en conocimiento de la Fiscalía.
También señaló que, según información que habría recibido en 2025 sobre posibles amenazas contra precandidatos presidenciales del Centro Democrático, la orden para cometer el crimen habría salido del Congreso. En ese contexto, mencionó al exrepresentante a la Cámara Luis Alberto Albán, alias ‘Marcos Calarcá’.
Frente a estos señalamientos, Albán rechazó públicamente las acusaciones mediante un pronunciamiento publicado en su cuenta de la red social X. El mensaje también fue respaldado por otros integrantes y exintegrantes del partido Comunes, entre ellos Julián Gallo Cubillos, Pablo Catatumbo Torres, Sandra Ramírez Lobo, Imelda Daza Cotes y Omar de Jesús Restrepo.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitó a la Fiscalía avanzar en el esclarecimiento de la posible cadena de mando y financiación del asesinato, así como establecer si existió alguna relación de Luis Alberto Albán con la preparación del atentado.
La solicitud también tuvo en cuenta que Albán ejerció como representante a la Cámara por el partido Comunes durante el periodo legislativo 2022-2026. Por esa razón, se pidió remitir la información a la Corte Suprema de Justicia para que determinara su competencia frente al caso, teniendo en cuenta su condición de excongresista y el fuero constitucional aplicable.
Es importante precisar que la apertura de una indagación previa no significa que exista una declaración de responsabilidad penal contra los mencionados. Se trata de una etapa inicial en la que las autoridades buscan establecer si hay elementos suficientes para avanzar en una investigación formal.
El proceso continúa bajo conocimiento de las autoridades judiciales, que deberán esclarecer quiénes estuvieron detrás de la planeación, financiación y ejecución del asesinato de Miguel Uribe Turbay.
Fuente: El Espectador – Redacción Judicial.
Emisora Fusaonline
