La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra los exfuncionarios Iván Velásquez, Danilo Rueda, Jorge Lemus y Ricardo Rosanía, tras la divulgación de audios y videos en los que presuntamente se evidencian conversaciones con integrantes del Clan del Golfo relacionadas con un eventual proceso de sometimiento de esa organización criminal.
La actuación disciplinaria tiene como objetivo establecer si existieron posibles irregularidades en los acercamientos sostenidos con miembros de ese grupo armado ilegal durante el desarrollo de la política de paz del Gobierno Nacional.
La decisión del Ministerio Público se produjo luego de la publicación de un informe periodístico en el que se revelan conversaciones atribuidas al entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y otros funcionarios con presuntos integrantes del Clan del Golfo.
De acuerdo con la información conocida, en los registros se mencionan posibles compromisos relacionados con una futura ley de sometimiento y eventuales gestiones para obtener respaldo político en el Congreso de la República.
Uno de los apartes más controvertidos involucra conversaciones con alias “Boyaco Sinaloa”, quien habría participado en reuniones para discutir mecanismos de apoyo a esa iniciativa legislativa.
Frente a la polémica, el exministro de Defensa Iván Velásquez rechazó las versiones que lo vinculan con supuestos acuerdos alcanzados durante esos encuentros.
Velásquez aseguró que cualquier compromiso mencionado en los audios corresponde únicamente a quienes participaron en esas conversaciones y afirmó que las decisiones adoptadas durante su gestión se ajustaron a los procedimientos institucionales.
La Procuraduría precisó que la indagación preliminar busca verificar los hechos, identificar la participación de los involucrados y determinar si existen méritos para abrir una investigación disciplinaria formal.
El organismo recordó que esta etapa no constituye una declaración de responsabilidad, sino un procedimiento para la recolección y valoración de pruebas.
El caso ha generado un amplio debate político por las implicaciones que podría tener sobre la política de “Paz Total” y los acercamientos adelantados por el Gobierno con organizaciones armadas ilegales.
Fuente: Caracol Radio.
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