La Procuraduría General de la Nación confirmó que presentó un recurso de apelación dentro del proceso judicial contra Juliana Guerrero, quien fue condenada por presentar títulos académicos falsos durante el proceso para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de Igualdad.
El anuncio fue realizado por el procurador general, Gregorio Eljach, durante la Asamblea Nacional de Personeros en Barranquilla. Según explicó, el delegado de la Procuraduría que interviene en el proceso consideró necesario solicitar que la justicia examine la posible comisión de un delito diferente al que fue objeto del acuerdo alcanzado entre Guerrero y la Fiscalía.
Eljach precisó que el funcionario encargado del caso cuenta con autonomía e independencia para ejercer sus funciones y que ahora será el juez competente quien determine si los argumentos presentados en la apelación tienen fundamento.
“Había que examinar la posibilidad de la comisión de otro delito distinto a aquel mediante el cual hicieron el acuerdo”, explicó el procurador general al referirse a la actuación de su delegado.
La controversia judicial se origina en la utilización de documentos académicos que acreditaban títulos como contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, estos documentos fueron utilizados dentro del proceso de selección para acreditar requisitos académicos.
Guerrero aceptó su responsabilidad y llegó a un acuerdo con la Fiscalía, posteriormente avalado por un juez. La decisión estableció una condena de tres años de prisión por fraude procesal, pero la ejecución de la pena fue suspendida de manera condicional, por lo que no deberá permanecer en una cárcel ni cumplir prisión domiciliaria.
Además de la condena, la justicia impuso una multa económica y una inhabilidad para ejercer cargos o funciones públicas durante el periodo establecido en la sentencia. El juez también cuestionó la conducta de Guerrero y señaló que el uso de los documentos no podía considerarse simplemente como un error, debido a que fueron presentados con el propósito de acreditar requisitos para acceder a un cargo de alta responsabilidad estatal.
La nueva actuación de la Procuraduría no significa, por sí misma, que Guerrero haya sido declarada responsable de un delito adicional. Se trata de una solicitud para que ese posible delito sea examinado dentro del proceso, decisión que deberá ser evaluada por la autoridad judicial competente.
El caso continúa, por tanto, abierto a nuevas determinaciones judiciales mientras se resuelve la apelación presentada por el Ministerio Público.
Fuente: BLU Radio.
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