Un acuerdo aprobado por el Concejo Municipal abre la puerta a establecer tarifas por el aprovechamiento económico del espacio público. La Alcaldía asegura que los vendedores ambulantes de subsistencia no serán afectados.
Una controversia se ha generado en el municipio de Itagüí, Antioquia, por la aprobación del Acuerdo Municipal 004 de 2026, una iniciativa presentada por la administración del alcalde Diego Torres y aprobada por el Concejo el primero de septiembre. La norma contempla disposiciones relacionadas con asuntos tributarios y la administración de los bienes públicos, entre ellas la posibilidad de reglamentar el aprovechamiento económico del espacio público.
El principal punto de discusión está en el artículo sexto, que establece que el alcalde deberá expedir un acto administrativo para reglamentar la administración, el mantenimiento y el aprovechamiento económico del espacio público y de los bienes de uso público. Esta disposición ha despertado inquietudes entre sectores de oposición, que consideran que el acuerdo deja un amplio margen de decisión a la administración municipal sobre quiénes deberán pagar y bajo qué condiciones.
De acuerdo con el censo oficial de Itagüí, alrededor de 1.500 vendedores cuentan con carnetización para desarrollar sus actividades en el espacio público. Esta cifra incluye comerciantes itinerantes, vendedores de temporada y establecimientos nocturnos, aunque se estima que la población real podría ser considerablemente mayor.
¿Quiénes tendrían que pagar?
El concejal Andrés Arcila, integrante de la coalición de Gobierno, explicó que la intención es establecer cobros moderados y diferenciados para quienes desarrollan actividades comerciales y hacen un aprovechamiento económico del espacio público, teniendo en cuenta factores como la zona comercial y el área ocupada.
Según su explicación, la medida buscaría generar condiciones de mayor equidad entre los comerciantes que pagan arriendo por sus establecimientos y aquellos que utilizan espacios públicos para desarrollar actividades comerciales, particularmente negocios que instalan mesas, cuentan con empleados y tienen una operación comercial de mayor escala.
Sin embargo, Arcila aseguró que los vendedores ambulantes y estacionarios que dependen de actividades de subsistencia, como la venta de tintos, frutas, dulces y alimentos en pequeños carritos, no serían objeto de estos cobros. La administración también sostuvo que esta población no está contemplada como destinataria de la medida.
La Alcaldía indicó que actualmente trabaja en la reglamentación del acuerdo y en la definición de las zonas geoeconómicas donde podrían aplicarse las tarifas. No obstante, existe un aspecto que genera inquietud: las garantías anunciadas para los vendedores informales no quedaron expresamente incorporadas en el articulado aprobado, sino que corresponden a compromisos asumidos por la administración.
Oposición cuestiona autorización para intercambiar predios públicos
La discusión no se limita al eventual cobro por utilizar el espacio público. El concejal de oposición Camilo Valencia también cuestionó la autorización incluida en el artículo sexto para realizar permutas de bienes de uso público.
Según el cabildante, esta disposición permitiría al alcalde intercambiar determinados predios municipales por otros bienes, sin que el acuerdo establezca claramente los mecanismos de control, los criterios de valoración y las condiciones para garantizar la conveniencia de esas operaciones.
Valencia advirtió que esta facultad podría reducir el control político del Concejo Municipal sobre decisiones relacionadas con el patrimonio público.
Frente a estos cuestionamientos, la Alcaldía explicó que la figura busca facilitar la reorganización del espacio público, especialmente en un municipio con limitaciones territoriales y predios públicos dispersos. Como ejemplo, señaló que podría intercambiarse un terreno privado afectado para utilidad pública por otro predio municipal que esté subutilizado, siempre que exista equivalencia en las condiciones correspondientes.
La administración también defendió que estas operaciones deben realizarse dentro del marco de la legislación vigente, particularmente de la Ley 9 de 1989 y el Decreto 1077 de 2015, y precisó que se trataría de intercambios entre bienes destinados a utilidad pública o espacio público.
También hay cuestionamientos por modificaciones tributarias
Otro de los aspectos señalados por la oposición tiene que ver con las disposiciones tributarias incorporadas en el acuerdo. Entre ellas se encuentra el incremento de la tarifa por mil consolidada, que, según lo expuesto por el concejal Valencia, quedaría entre ocho y once coma cincuenta por mil.
Asimismo, el artículo primero contempla la posibilidad de que la administración tributaria municipal utilice metodologías de costo-beneficio para decidir si inicia, continúa o termina procesos de fiscalización y cobro coactivo de obligaciones tributarias y no tributarias.
La Alcaldía argumentó que este mecanismo busca evitar procedimientos cuyo costo administrativo y jurídico sea superior al dinero que se pretende recuperar. También aseguró que las decisiones deberán estar respaldadas por estudios técnicos y no podrán depender del criterio discrecional de un funcionario.
Por su parte, la oposición considera que deben existir reglas más precisas para evitar decisiones selectivas o condicionadas por intereses políticos.
Por ahora, el alcance definitivo de los posibles cobros dependerá de la reglamentación que expida la Alcaldía de Itagüí. La discusión mantiene la atención sobre el equilibrio entre el aprovechamiento económico del espacio público, la protección de los vendedores informales y las garantías de transparencia en la administración de los bienes municipales.
Fuente: El Colombiano.
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