DNI habría solicitado a la Registraduría el censo electoral de Colombia

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) habría solicitado a la Registraduría Nacional del Estado Civil una copia del censo electoral con información detallada de los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones presidenciales de 2026. La petición, que generó cuestionamientos sobre el manejo de los datos personales de los colombianos, fue rechazada por la autoridad electoral.

De acuerdo con documentos internos conocidos por Noticias Caracol y divulgados por La FM, la solicitud fue enviada el 9 de abril mediante una comunicación firmada por René Guarín, director encargado de la DNI. En ella se argumentaron razones relacionadas con labores de contrainteligencia y seguridad nacional para justificar el acceso a la información electoral.

El requerimiento no se limitaba a conocer el número de ciudadanos habilitados para sufragar. La entidad habría solicitado una base de datos individualizada que incluyera números de cédula, género, edad, pertenencia a grupos poblacionales, así como el nombre y la dirección de los puestos de votación, municipios y departamentos donde cada ciudadano ejercería su derecho al voto.

La información solicitada generó preocupación por los posibles riesgos que representaría entregar datos personales de millones de colombianos a un organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia de la República.

Según la publicación, la Registraduría negó la petición después de analizar los argumentos jurídicos relacionados con el acceso a esta información, cuya utilización y tratamiento están sujetos a disposiciones legales de protección de datos personales.

Documentos también mencionan un supuesto plan contra el sistema electoral

La investigación periodística también reveló documentos internos de la DNI que hacen referencia a un supuesto plan para atacar los sistemas informáticos de la Registraduría y alterar información relacionada con los resultados electorales.

En uno de los informes aparece mencionado Carlos Oyola, señalado como presunto líder de una red que habría tenido como propósito ejecutar ataques informáticos contra la autoridad electoral para modificar los resultados de las votaciones.

Los documentos indican que esta operación habría sido contemplada después de que la Registraduría rechazara entregar el censo electoral solicitado por la DNI.

De acuerdo con la información publicada, Oyola tenía una orden de captura emitida el 7 de mayo de 2026, semanas antes de la primera vuelta presidencial. Finalmente, fue capturado y el viernes 13 de noviembre fue enviado a prisión por decisión de un juez de Bogotá.

Durante las jornadas electorales también se reportaron ataques informáticos contra el portal de la Registraduría. Según los datos conocidos, la Fiscalía recibió reportes relacionados con 109 millones de ataques entre la primera y la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, ninguno habría conseguido afectar el funcionamiento del sistema electoral.

Advierten posibles riesgos para la democracia

La solicitud también despertó inquietudes entre expertos y organizaciones dedicadas a la vigilancia electoral, debido a las consecuencias que podría tener el acceso de terceros a información tan detallada sobre los votantes.

El exregistrador nacional Juan Carlos Galindo manifestó su sorpresa frente al requerimiento y advirtió que una eventual filtración de los datos podría facilitar prácticas como la manipulación de electores, especialmente si se conocen sus documentos de identidad y lugares de votación.

Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), señaló que entregar el censo electoral con información individualizada a terceros podría abrir la puerta a delitos como constreñimiento electoral, compra de votos, amenazas y presiones sobre los ciudadanos para favorecer determinadas candidaturas.

Barrios también cuestionó qué tipo de operación de inteligencia justificaría solicitar la totalidad de la información electoral en medio de un proceso presidencial y planteó la necesidad de revisar los mecanismos de vigilancia y control sobre las actuaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia.

El caso abre un nuevo debate sobre los límites de las facultades de los organismos de inteligencia en Colombia, la protección de los datos personales y las garantías que deben rodear los procesos electorales, especialmente cuando está en juego la transparencia y la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.

Fuente: La FM, con información de una investigación de Noticias Caracol.

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