Por: Cte. Álvaro Eduardo Farfán Vargas
Cuando el fuego devora sin compasión nuestros bosques, cultivos y pastizales —destruyendo a su paso ecosistemas enteros y cosechas, y afectando tanto la vida humana como la fauna silvestre, doméstica y de granja—, o cuando las inundaciones atrapan a familias enteras, nadie pregunta por ideologías ni burocracias. La única llamada que importa es la que busca el auxilio de los bomberos.
Sin embargo, detrás del heroísmo cotidiano existe una realidad crítica: en Colombia, la gestión del riesgo de desastres no se sostiene únicamente con vocación; se financia con decisiones presupuestales oportunas.
Hoy, cuando el país intenta reponerse de los estragos dejados por el reciente terremoto que sacudió el territorio nacional —una emergencia de proporciones mayores que pone a prueba cualquier sistema de respuesta—, debemos afrontar, en simultáneo, otra calamidad: una devastadora ola de incendios forestales, avivada, al parecer, por manos criminales y por los extremos del fenómeno de El Niño.
Con decenas de conflagraciones activas y miles de hectáreas devoradas en departamentos como el Tolima y Cundinamarca, queda al desnudo una dolorosa verdad: la profunda incapacidad de los cuerpos de bomberos en múltiples zonas del país, sumidos en la precariedad por la absoluta falta de equipos especializados, herramientas de última generación y personal suficiente para contener crisis combinadas de esta magnitud.
Cumplir con esta labor trasciende la buena voluntad. El artículo 2 de la Constitución Política señala que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes. Asimismo, la Ley 1575 de 2012, Ley General de Bomberos, establece en sus artículos 1 y 2 que la atención de emergencias e incendios constituye un servicio público esencial a cargo del Estado.
En ese sentido, la entrega efectiva de los recursos asignados del Presupuesto General de la Nación para cofinanciar y alimentar el Fondo Nacional de Bomberos, conforme al artículo 34 de la Ley 1575, no es una solicitud suntuaria ni una petición gremial: es un mandato constitucional, legal e inaplazable.
El cambio climático nos golpea con fenómenos cada vez más agresivos y prolongados, exponiendo las históricas deficiencias de equipamiento que paralizan la respuesta operativa en el territorio nacional. Retener o dilatar la llegada de estas partidas presupuestales vulnera el principio de concurrencia y subsidiariedad que la Ley 1523 de 2012, sobre Gestión del Riesgo de Desastres, exige al Gobierno Nacional, dejando completamente desprotegidas a las comunidades más vulnerables del país.
Ahora bien, la exigencia al Gobierno Nacional para que desembolse lo que corresponde debe ir tomada de la mano con un compromiso inquebrantable de cara a la ciudadanía.
Quienes asumimos el liderazgo del servicio público bomberil entendemos que la eficiencia en la ejecución es el pilar de la legitimidad. Es imperativo que estos recursos presupuestales, una vez situados en el Fondo Nacional de Bomberos, sean administrados por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC) bajo tres directrices fundamentales:
Objetividad: la distribución presupuestal debe responder estrictamente a criterios técnicos de necesidad operativa y nivel de riesgo municipal, lejos de amiguismos o decisiones arbitrarias.
Estrategia: se debe priorizar el fortalecimiento de capacidades técnicas, la dotación de herramientas de última generación y la cobertura en los municipios de quinta y sexta categoría, donde la precariedad es mayor, dando cumplimiento al mandato de subsidiariedad territorial del Estado.
Transparencia: cada peso público invertido en la protección de la vida debe contar con una rigurosa rendición de cuentas, garantizando el control fiscal de la Contraloría General de la República, conforme al parágrafo 2 del artículo 35 de la Ley 1575, y la veeduría de la ciudadanía.
Proteger el derecho fundamental a la vida, la biodiversidad y el patrimonio de los colombianos exige visión de Estado.
Financiar adecuadamente el sistema nacional de bomberos y garantizar una ejecución limpia y técnica de sus fondos no es solo una meta institucional: es la frontera jurídica y operativa que hará la diferencia entre salvar una vida o lamentar una tragedia.
Fuente: Bomberos Cundinamarca
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