Colombia dio un paso relevante en la protección de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales con la expedición de una nueva normativa que establece responsabilidades para las plataformas tecnológicas, las instituciones educativas, las familias y las entidades públicas. El objetivo es reducir riesgos como el ciberacoso, la explotación sexual en línea, el acceso a contenidos nocivos y otras formas de violencia digital.
Más allá del alcance jurídico, la medida representa un cambio de enfoque. Durante años, la seguridad en internet fue considerada principalmente una responsabilidad de los padres, mientras que ahora el Estado plantea un modelo de corresponsabilidad en el que también participan las empresas tecnológicas y el sistema educativo. La norma busca promover herramientas de prevención, educación digital, protección de la privacidad y mecanismos para atender los riesgos que enfrentan los menores cuando navegan en la red.
Sin embargo, el verdadero desafío estará en la implementación. De poco servirán las nuevas obligaciones si no existen mecanismos efectivos de supervisión, campañas permanentes de alfabetización digital y tecnologías que permitan identificar y reducir amenazas sin afectar los derechos fundamentales de los usuarios.
En un contexto donde el acceso a internet ocurre desde edades cada vez más tempranas, la iniciativa llega en un momento oportuno. La seguridad digital dejó de ser un asunto exclusivamente tecnológico para convertirse en una prioridad de protección integral de la infancia. El éxito de esta política dependerá de que todos los actores involucrados asuman su responsabilidad y trabajen de manera coordinada para garantizar espacios digitales más seguros.
Fuente: Noti360.
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