Mientras las familias colombianas siguen enterrando a sus seres queridos por falta de atención oportuna, el sistema de salud del país se desangra bajo un manejo que el diario El Colombiano ha calificado sin rodeos como “la masacre de la salud”.
El término no es hiperbólico. Según el editorial publicado recientemente por ese medio, la crisis que vive el sector no obedece a un accidente, sino a una cadena de decisiones políticas y administrativas que han convertido hospitales y urgencias en verdaderos campos de batalla. Pacientes en pasillos, cirugías canceladas, medicamentos ausentes y diagnósticos de cáncer que llegan tarde son el saldo diario de un modelo que, en lugar de fortalecerse, ha sido sometido a un experimento ideológico con resultados trágicos.
El caso de la Nueva EPS, que atiende a más de 11,5 millones de colombianos —más del 20 % de la población—, ilustra el punto con crudeza. Intervenida en abril de 2024, la entidad acumula deudas que saltaron de 5,4 billones en 2022 a 21,3 billones en 2025, su patrimonio pasó de positivo a profundamente negativo y las quejas de los usuarios se dispararon un 107 %, hasta superar las 518.000. Mientras tanto, prestadores de servicios han embargado más de 2 billones de pesos, lo que paraliza tratamientos, cirugías y suministro de medicamentos esenciales.
Historias como la de Kevin Arley, un niño de siete años fallecido hace pocas semanas por falta de un medicamento, o la de Juan Sebastián, de seis años, que aún espera el mismo fármaco, dejan en evidencia que detrás de las cifras hay vidas concretas que se apagan por negligencia administrativa y politización del sector.
El patrón no es nuevo. Ya en su paso por la Alcaldía de Bogotá, el presidente Gustavo Petro dejó un rastro de colapso en las urgencias. Cuatro años después, con tres ministros de Salud salientes que cuestionaron la reforma y prefirieron no seguir en el cargo, el diagnóstico se repite: el sistema está en agonía y las respuestas oficiales siguen siendo insuficientes.
Frente a este escenario, el llamado del editorial resulta inaplazable: corresponde a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría investigar con rigor las responsabilidades históricas y actuales. La salud no puede seguir siendo un laboratorio de experimentos fallidos ni un botín político. Cada día que pasa sin correcciones estructurales profundas equivale a una sentencia de muerte diferida para miles de colombianos que solo piden lo básico: ser atendidos a tiempo.
La “masacre de la salud” no es una metáfora. Es la constatación dolorosa de un país que, en nombre de cambios radicales, ha sacrificado lo más sagrado: la vida de sus ciudadanos. Urge detenerla antes de que el saldo de víctimas siga creciendo en silencio.
Fuente: el colombiano
Emisora Fusaonline