En Colombia, las inspecciones técnicas de seguridad humana y protección contra incendios cumplen una función preventiva fundamental, pues permiten identificar riesgos y evitar que situaciones como fallas eléctricas o rutas de evacuación bloqueadas terminen provocando emergencias.
En una columna de opinión publicada en La Columna del Capi, el capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas plantea cuestionamientos frente al Proyecto de Ley 177 de 2026, que contempla eliminar el cobro de las inspecciones técnicas de seguridad para las microempresas.
Aunque reconoce que la medida busca reducir cargas económicas y facilitar la formalización empresarial, el autor advierte que la eliminación del cobro podría afectar la sostenibilidad financiera de los cuerpos de bomberos, especialmente en municipios con limitaciones fiscales.
Según el análisis, en numerosos municipios de sexta categoría la prestación del servicio depende de cuerpos de bomberos voluntarios, cuyos convenios con las administraciones municipales pueden ser insuficientes o tener una duración limitada. En ese contexto, los recursos provenientes de las inspecciones técnicas representan una fuente adicional para financiar combustible, equipos de protección, seguridad social y capacitación del personal.
La columna señala además que declarar gratuita una inspección no significa que desaparezcan los costos asociados a su realización. Las visitas requieren personal especializado, transporte, tiempo operativo, insumos y responsabilidad técnica.
El autor también cuestiona quién asumiría estos costos si las microempresas dejan de pagar por las inspecciones y, al mismo tiempo, no se establece una fuente alternativa de financiación para los cuerpos de bomberos.
Farfán Vargas considera que cualquier decisión encaminada a beneficiar al sector empresarial debe estar acompañada de una fuente de financiación clara, permanente y suficiente que permita garantizar la continuidad de las labores de prevención.
La reflexión central de la columna es que la gratuidad para el usuario no debería traducirse en precariedad para los organismos encargados de prevenir incendios y proteger la vida, los bienes y el medio ambiente.
Fuente: La Columna del Capi – Capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas.
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