El plebiscito por la paz marcó un punto de quiebre en la historia reciente de Colombia. Una década después de aquella jornada, el resultado que rechazó inicialmente el acuerdo negociado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc todavía genera debates sobre la forma en que el país construyó su camino hacia la terminación del conflicto armado.
La votación dejó un resultado estrecho entre quienes respaldaron y quienes rechazaron el acuerdo. Tras la victoria del No, el Gobierno abrió conversaciones con sectores que habían promovido esa opción y posteriormente se introdujeron modificaciones al texto negociado en La Habana. La nueva versión fue firmada en el Teatro Colón y posteriormente refrendada por el Congreso.
Desde entonces, Colombia entró en una etapa diferente. Se produjo la dejación de armas de las Farc, comenzó el proceso de reincorporación de sus integrantes y se pusieron en marcha compromisos relacionados con tierras, desarrollo rural, participación política y reparación de las víctimas. Sin embargo, la salida de esa organización de la confrontación armada no significó el final de la violencia en los territorios afectados por el conflicto.
La aparición y expansión de disidencias de las Farc, así como de otras estructuras armadas, terminó configurando un escenario de violencia diferente, marcado por disputas territoriales y economías ilegales. El narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión continúan siendo factores que alimentan diferentes expresiones de violencia en varias regiones del país.
Otro de los grandes cambios derivados del acuerdo fue la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Su existencia abrió una discusión que sigue vigente: cómo garantizar justicia para las víctimas sin perder de vista el propósito de cerrar un conflicto de décadas.
Una década después, la JEP continúa en el centro de la discusión nacional. Sus defensores consideran que las investigaciones sobre graves violaciones ocurridas durante el conflicto requieren tiempo, contrastación de testimonios y documentos, identificación de responsabilidades individuales y garantías para las víctimas y los comparecientes. Sus críticos, por el contrario, cuestionan la duración de los procesos y reclaman resultados más rápidos.
Desde una perspectiva de opinión, quizá una de las principales lecciones de estos años es que un acuerdo de paz no termina con la firma de un documento. La paz exige instituciones capaces de cumplir lo pactado, presencia efectiva del Estado en los territorios, oportunidades para las comunidades y mecanismos que permitan a las víctimas conocer la verdad y acceder a la reparación.
También sería un error analizar estos años únicamente desde el resultado de aquella votación. El país cambió después del plebiscito, pero los problemas que alimentaron el conflicto no desaparecieron automáticamente. La violencia adoptó nuevas formas y, al mismo tiempo, quedaron en marcha procesos institucionales destinados a responder por hechos ocurridos durante décadas de confrontación.
El desafío para Colombia no debería reducirse a reabrir las mismas divisiones políticas de aquella campaña. El verdadero debate está en establecer qué compromisos han avanzado, cuáles permanecen pendientes, qué resultados han recibido las víctimas y qué decisiones permitirán evitar que nuevos grupos armados ocupen los espacios que dejó la desmovilización de las Farc.
El plebiscito pertenece a la historia, pero sus consecuencias siguen presentes. La discusión sobre la paz continúa siendo una discusión sobre justicia, seguridad, territorio, víctimas y futuro. Más que repetir las posiciones de aquella campaña, el país necesita evaluar con hechos qué funcionó, qué no funcionó y qué lecciones deben quedar para las próximas generaciones.
Fuente: BLU Radio
Emisora Fusaonline