Juliana Guerrero, exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro y quien en su momento fue postulada para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes, reconoció ante la justicia colombiana su responsabilidad en la utilización de documentos académicos falsos para acreditar una formación profesional que no cumplía con los requisitos exigidos.
La confesión se produjo durante una audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación presentó un preacuerdo con Guerrero por el delito de fraude procesal. El acuerdo contempla una condena de tres años de prisión, además de una sanción económica y una inhabilidad para ejercer cargos públicos, según la información publicada por EL PAÍS.
El caso se originó a partir de las irregularidades detectadas en los títulos que Guerrero presentó para acreditar sus estudios en la Fundación Universitaria San José. La investigación estableció que los documentos fueron incorporados a su hoja de vida registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP II, y posteriormente utilizados ante el entonces Ministerio de la Igualdad, en el marco de su aspiración a la Viceministerio de Juventudes.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Guerrero no habría cumplido los requisitos académicos necesarios para obtener los títulos que presentó. Entre las irregularidades señaladas se encuentra la ausencia de asistencia a clases y la no presentación de la prueba Saber Pro, requisito establecido para la obtención de títulos profesionales.
La controversia tomó fuerza cuando su hoja de vida fue modificada para incluir una formación profesional que inicialmente no aparecía registrada. La situación terminó provocando el retiro de su postulación al cargo de viceministra, después de que investigaciones periodísticas y denuncias de sectores políticos pusieran en duda la validez de sus credenciales académicas.
Durante la audiencia, Guerrero reconoció su responsabilidad y expresó arrepentimiento por sus actuaciones. La exfuncionaria pidió perdón al país, a su familia, a quienes confiaron en ella y particularmente a los estudiantes y miembros de la comunidad académica afectados por el escándalo.
El proceso judicial también involucra a un antiguo directivo de la Fundación Universitaria San José, señalado de participar en la expedición irregular de los documentos académicos. La Fiscalía ha investigado la posible responsabilidad de otras personas vinculadas con la institución y busca establecer si el caso de Guerrero corresponde a un hecho aislado o forma parte de un problema de mayor alcance.
La investigación adquirió una dimensión política debido a la cercanía que Guerrero mantuvo con el entonces presidente Gustavo Petro y al rápido ascenso que tuvo dentro de diferentes dependencias del Gobierno. Antes de la controversia por sus títulos, ocupó distintas responsabilidades en entidades estatales, pese a las dudas que posteriormente surgieron sobre su formación académica.
El caso también está relacionado con denuncias sobre posibles títulos irregulares obtenidos por otros funcionarios y contratistas vinculados al Gobierno anterior. La Fiscalía analiza estas situaciones para determinar si existió un patrón más amplio relacionado con la expedición y utilización de credenciales académicas que no cumplían con las exigencias legales.
La admisión de responsabilidad de Guerrero marca un nuevo capítulo en un caso que durante meses generó cuestionamientos sobre los mecanismos de verificación de las hojas de vida de quienes aspiran a ocupar cargos públicos. También vuelve a poner en el centro del debate la obligación de las entidades estatales de comprobar rigurosamente las credenciales académicas antes de realizar nombramientos o contrataciones.
Fuente: EL PAÍS América Colombia.
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