Los jueces de Bogotá manifestaron su respaldo a los defensores públicos de la Defensoría del Pueblo, quienes iniciaron un cese de actividades los días 19 y 20 de enero de 2026 debido a la falta de pago de sus honorarios desde diciembre de 2025 y al anuncio de recortes presupuestales por parte del Gobierno nacional.
Según un comunicado conjunto, los jueces destacaron que “no es posible hablar de derechos ni de garantías” cuando quienes protegen estos principios fundamentales en el sistema judicial están siendo afectados en sus propios derechos laborales. Subrayaron la contradicción de que el Estado relegue a estos profesionales, cuya labor es indispensable para el funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio.
“Su rol es fundamental dentro del Sistema Penal Acusatorio, en la medida en que garantizan el acceso oportuno y efectivo a la administración de justicia para todas las personas, especialmente para quienes requieren una defensa técnica adecuada”, expresaron los jueces de la capital.
Los defensores públicos, representados por organizaciones como la Asociación Nacional de Servidores Públicos de la Defensoría del Pueblo (ASDEP o ASEP) y Sinecodep, convocaron a una jornada nacional de “un día sin audiencias” tras agotar instancias de diálogo con el Ministerio de Hacienda y otras entidades. La medida paraliza audiencias y atenciones diarias a personas capturadas sin recursos para contratar un abogado privado, tal como lo establece la ley: “Tiene derecho a un abogado; si no tiene, el Estado le suministrará uno”.
La protesta afecta a más de 4.200 defensores públicos y un número adicional de contratistas, quienes llevan al menos 45 días sin recibir sus pagos correspondientes a diciembre. Además de los paros, se realizaron plantones el 19 de enero frente al Ministerio de Hacienda y la sede de la Defensoría del Pueblo en Bogotá, con movilizaciones similares en ciudades como Medellín y otras regiones del país.
Los jueces insistieron en que la labor de los defensores públicos es esencial para proteger los derechos de los procesados y garantizar un acceso equitativo a la justicia, por lo que urgen al Gobierno a priorizar el pago de honorarios y evitar medidas que precaricen aún más esta función clave en la Rama Judicial.
Esta situación pone en evidencia las tensiones presupuestales que afectan el funcionamiento de la justicia penal en Colombia, donde la defensa técnica gratuita es un pilar constitucional para evitar vulneraciones a los derechos de los más vulnerables.
—Fuente:Revista Semana—
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