El Gobierno de Francia autorizó a los alcaldes de distintas ciudades del país a imponer toques de queda parciales como respuesta a la ola de disturbios, saqueos y enfrentamientos registrados durante el fin de semana. La medida fue anunciada por el primer ministro Sébastien Lecornu, quien advirtió que las autoridades actuarán en los lugares donde sea necesario para contener la violencia.
En Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia, las autoridades prohibieron las reuniones públicas entre el mediodía y las ocho de la noche. Otras localidades del norte del país, entre ellas Lille, Douai, Wattignies y Denain, establecieron restricciones para circular durante determinadas horas. En Coulaines, la medida se concentró específicamente en los menores de edad.
La situación de seguridad llevó al Gobierno a reforzar los operativos policiales. De acuerdo con las autoridades, más de 2.500 personas fueron detenidas y cerca de 1.000 agentes resultaron heridos durante las manifestaciones. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció que en algunas ciudades la Policía llegó a perder el control de la situación.
Los disturbios se originaron semanas atrás con movilizaciones estudiantiles relacionadas con las condiciones de la educación, pero posteriormente las protestas se extendieron a otras demandas sociales, entre ellas el aumento del costo de los combustibles, la inflación y el deterioro de los servicios públicos.
Durante las jornadas de violencia también se registraron personas heridas entre los manifestantes. Según AFP, uno de ellos perdió una mano después de que una granada antidisturbios fuera utilizada durante los enfrentamientos con la Policía.
Tras una reunión de crisis, Lecornu no descartó incluso la posibilidad de declarar el estado de emergencia si las circunstancias lo requieren. El Gobierno también anunció recursos para apoyar la recuperación de las zonas afectadas y planteó que quienes hayan causado daños materiales deberán asumir los costos.
“Se promulgará una ley para encontrar la manera de garantizar que quienes hayan dañado propiedades tengan que pagar”, señaló el primer ministro. También anunció la creación de un fondo de desempleo parcial destinado a trabajadores que no pudieron desarrollar sus actividades debido a los disturbios y saqueos.
Lecornu responsabilizó de parte de la violencia a lo que calificó como “grupos radicales de extrema izquierda”, a los que acusó de buscar la desestabilización del país de cara a las próximas elecciones presidenciales. El jefe de Gobierno aseguró además que se reforzará la seguridad en futuras concentraciones políticas.
“No nos dejaremos dictar ni gobernar por los alborotadores, los ladrones ni los matones”, afirmó Lecornu, en una de las declaraciones más contundentes realizadas desde el inicio de la crisis.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior dispuso un equipo de unos 200 investigadores para revisar imágenes de cámaras de seguridad con el propósito de identificar a los presuntos responsables y posibles cabecillas de los actos violentos.
La crisis también ha generado un fuerte impacto económico. Más de 2.000 establecimientos comerciales y negocios habrían resultado afectados, mientras que la Cámara de Comercio e Industria de Francia calcula que las pérdidas ascienden a cientos de millones de euros.
Durante el fin de semana, alrededor de 550.000 personas participaron en las movilizaciones en distintas ciudades francesas. En medio de las protestas se registraron incendios de vehículos y edificios, ataques contra la Policía y saqueos de comercios en París, Marsella y otras localidades.
El Gobierno francés enfrenta ahora el desafío de contener la violencia sin agravar la tensión social que dio origen a las movilizaciones, mientras las autoridades evalúan nuevas medidas de seguridad ante la posibilidad de que las protestas continúen.
Fuente: BBC Mundo
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