La Fiscalía de Paraguay ordenó el allanamiento de una lujosa vivienda vinculada al expresidente Santiago Peña, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras relacionadas con el cierre e intervención de Ueno Bank, entidad bancaria que enfrenta una de las mayores crisis financieras recientes del país.
El procedimiento se llevó a cabo en una propiedad ubicada en la ciudad de San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, capital paraguaya. El operativo fue encabezado por los fiscales Silvia González, Cristhian Benítez y Elena Fiore, integrantes del Ministerio Público, quienes ingresaron al inmueble como parte de las diligencias judiciales para recopilar elementos de prueba.
La investigación apunta a establecer la posible participación de Peña en operaciones financieras relacionadas con la entidad bancaria. Según la acusación de la Fiscalía, el exmandatario habría intervenido en decisiones vinculadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes recursos económicos provenientes de instituciones públicas y fondos previsionales en Ueno Bank.
Uno de los aspectos centrales del expediente tiene que ver con dos préstamos que, presuntamente, habrían sido otorgados a Peña por la entidad financiera en mayo de 2024. Las operaciones sumarían 3.548 millones de guaraníes, equivalentes aproximadamente a 577.192 dólares, recursos que habrían sido destinados a financiar la construcción de su vivienda en San Bernardino.
De acuerdo con los documentos citados por la Fiscalía, el compromiso de pago contemplaba cuotas mensuales de 239 millones de guaraníes, una cifra que equivaldría a seis veces la remuneración presidencial que recibía Peña durante su administración. Medios locales estiman que el inmueble tendría un valor superior al millón de dólares.
Otro elemento que hace parte de la investigación es la presunta relación económica y corporativa que Peña habría mantenido previamente con Ueno Holding, grupo empresarial al que pertenece la entidad financiera intervenida.
La crisis de Ueno Bank también ha generado preocupación entre los usuarios y las instituciones que mantenían recursos depositados en esa entidad. Según la información publicada, la caída del banco habría dejado congelados los recursos de aproximadamente 2,94 millones de clientes, entre ellos organismos estatales que durante el Gobierno de Peña habrían depositado importantes cantidades de dinero público.
El proceso judicial no se limita al expresidente. La Fiscalía paraguaya también habría imputado a otras 27 personas, entre ellas Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno Bank, por su presunta participación en los hechos que son materia de investigación.
Las actuaciones judiciales buscan establecer si existieron favorecimientos, conflictos de interés o utilización irregular de recursos públicos en las operaciones financieras relacionadas con la entidad bancaria. Las responsabilidades individuales deberán determinarse dentro del proceso y conforme a las decisiones de las autoridades judiciales.
Es importante precisar que las imputaciones y señalamientos hacen parte de una investigación en curso y no constituyen, por sí mismos, una declaración definitiva de culpabilidad.
Fuente: Blu Radio, con información de la agencia EFE.
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