La Contraloría General de la República anunció una revisión prioritaria de cinco contratos suscritos por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cuyo valor conjunto asciende a $20.783 millones. La decisión busca establecer si hubo irregularidades en los procesos de contratación, incumplimientos de obligaciones, deficiencias técnicas o posibles sobrecostos en la adquisición de bienes y servicios con recursos públicos.
La revisión fue ordenada por el contralor general, Jorge Eliécer Laverde, luego de las denuncias divulgadas por Noticias Caracol sobre presuntas irregularidades en diferentes adquisiciones realizadas por la entidad de inteligencia del Estado.
Un helicóptero no tripulado y sistemas antidrones, entre los contratos examinados
Uno de los contratos que concentra la atención del organismo de control corresponde a la adquisición de un helicóptero no tripulado, por un valor cercano a los $9.000 millones. La Contraloría verificará si el equipo cumplía con las especificaciones técnicas exigidas, las condiciones de funcionamiento, las presuntas fallas reportadas y las circunstancias del accidente ocurrido en marzo de 2026. También examinará si se hicieron efectivas las garantías contractuales correspondientes.
Otro de los procesos bajo revisión está relacionado con la compra de tres sistemas antidrones, cuyo costo alcanza aproximadamente los $8.340 millones. En este caso, se evaluarán las características técnicas de los equipos, las condiciones de entrega, su funcionamiento y si realmente responden a las necesidades operativas de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Computadores y sistema biométrico también serán investigados
La auditoría también incluye un contrato de 2024, por aproximadamente $1.314 millones, destinado a la adquisición de 595 computadores. La revisión se concentrará en las denuncias sobre posibles problemas de calidad, fallas en los equipos y eventuales incumplimientos de las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de compra.
Asimismo, será examinado un contrato de 2022, por cerca de $580 millones, para implementar un sistema de identificación biométrica. La Contraloría busca establecer por qué esta herramienta presuntamente no habría entrado en funcionamiento, además de verificar su compatibilidad con la infraestructura tecnológica de la entidad y las condiciones en las que fue planeada y ejecutada.
Mobiliario para la sede de Funza, bajo revisión
El quinto contrato corresponde a la adquisición de mobiliario y dotación para las instalaciones de la DNI en el municipio de Funza, Cundinamarca, por un valor aproximado de $1.549 millones.
En este proceso, el organismo de control revisará los estudios de mercado, los precios de adquisición y la entrega de los elementos, con especial atención a las denuncias sobre posibles sobrecostos en la contratación.
También revisarán el sistema de inteligencia y contrainteligencia
Adicionalmente, la Contraloría verificará el estado de ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, conocido como SIIC, en su segunda versión. El propósito es establecer si se cumplieron las obligaciones contractuales y si los recursos destinados a su desarrollo fueron utilizados conforme a lo establecido.
Para avanzar en estas actuaciones, la entidad solicitará estudios previos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, comprobantes de pago y documentos relacionados con las garantías.
El organismo advirtió que, si encuentra elementos que permitan establecer un posible detrimento patrimonial, adelantará los procesos de responsabilidad fiscal correspondientes. De igual manera, si aparecen hechos que puedan tener implicaciones penales o disciplinarias, estos serán remitidos a la Fiscalía General de la Nación o a la Procuraduría General de la Nación, según corresponda.
La seguridad nacional no está por encima del control fiscal
El contralor Jorge Eliécer Laverde señaló que los recursos destinados a las actividades de seguridad e inteligencia del Estado también deben estar sometidos a vigilancia fiscal, aunque se respete la reserva de la información y las disposiciones relacionadas con la seguridad nacional.
La revisión pretende determinar si las contrataciones respondieron a necesidades legítimas, si los bienes adquiridos cumplieron su propósito y si existió alguna afectación a los recursos públicos.
Por ahora, la apertura de estas revisiones no significa que se hayan comprobado irregularidades ni que existan responsables. Será el resultado de las actuaciones de la Contraloría el que permita establecer si hubo incumplimientos, sobrecostos o un eventual daño al patrimonio del Estado.
Fuente: Blu Radio.
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