La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, solicitó a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación priorizar las investigaciones relacionadas con las denuncias presentadas por Deicy Jiménez, quien señaló al expresidente Gustavo Petro de presuntamente haber ofrecido contratos estatales a cambio de favores sexuales.
La funcionaria calificó como grave la denuncia y pidió que las autoridades competentes actúen con independencia para establecer qué ocurrió y determinar si existen responsabilidades. “La gravedad de esta denuncia no da margen de espera”, manifestó Marín, según informó Blu Radio.
Fuente: Blu Radio
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De acuerdo con el relato publicado por la denunciante, ella habría recibido contratos en diferentes entidades públicas durante varios años, supuestamente por recomendación de quien entonces ocupaba la Presidencia de la República. Jiménez mencionó, entre otras instituciones, el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.
La mujer aseguró que, según su versión, algunas vinculaciones laborales habrían estado relacionadas con favores sexuales y afirmó que no habría sido la única persona involucrada. Incluso sostuvo que podrían existir entre treinta y cuarenta mujeres que habrían tenido situaciones similares durante la anterior administración.
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Jiménez también afirmó que algunas de las mujeres que, según ella, habrían obtenido contratos durante el anterior Gobierno continuarían vinculadas a entidades públicas. Entre las instituciones mencionadas en su declaración están la Presidencia, la Superintendencia Nacional de Salud y el Congreso de la República.
La denunciante además hizo señalamientos sobre presuntas amenazas contra algunas mujeres que, de acuerdo con su relato, tendrían conocimiento de estos hechos. Estas afirmaciones, al igual que las demás acusaciones, deberán ser verificadas por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.
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Uno de los señalamientos más delicados está relacionado con el supuesto uso de recursos públicos. Jiménez afirmó que los encuentros sexuales que atribuye al expresidente no habrían sido financiados con dinero de su patrimonio personal, sino con recursos provenientes del Estado. Sin embargo, esta afirmación corresponde exclusivamente a la versión entregada por la denunciante y no constituye, por sí misma, una conclusión judicial o administrativa.
La denunciante también realizó otros señalamientos relacionados con presunto consumo y adquisición de sustancias psicoactivas. Blu Radio reportó que Jiménez afirmó que, cuando Petro todavía era senador, supuestamente le habría entregado dinero para adquirir drogas. Estos hechos también deberán ser corroborados por las autoridades competentes.
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Ante el temor expresado por Jiménez sobre posibles represalias después de hacer públicas sus declaraciones, el Ministerio de Justicia y la Unidad Nacional de Protección activaron una ruta para evaluar sus necesidades de seguridad y adoptar las medidas que correspondan para proteger su vida e integridad.
La Defensoría del Pueblo insistió en que las autoridades encargadas de las investigaciones penales y disciplinarias deben garantizar el debido proceso, proteger a las posibles víctimas y esclarecer los hechos. Si las acusaciones llegan a ser comprobadas, serán las autoridades competentes las encargadas de establecer las responsabilidades y las eventuales sanciones.
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Hasta el momento, lo informado corresponde a denuncias que están siendo solicitadas para investigación, por lo que cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante los procedimientos judiciales y disciplinarios correspondientes.
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