La Contraloría General de la República encendió las alarmas por el comportamiento de los recursos públicos durante las últimas cinco semanas del gobierno del expresidente Gustavo Petro. El organismo de control identificó un incremento significativo en los compromisos presupuestales y en los giros realizados entre el 22 de junio y el 28 de julio de 2026, periodo que ahora es objeto de una revisión especial.
Según la información conocida por la Contraloría, durante ese lapso se registraron giros superiores a 64,44 billones de pesos y nuevos compromisos por aproximadamente 48,14 billones de pesos. El volumen de recursos llamó la atención porque, de acuerdo con el promedio identificado previamente por el organismo de control, los movimientos habituales se ubicaban entre 30 y 35 billones de pesos.
La contralora delegada para Economía y Finanzas Públicas, Jenny Lindo, señaló que el comportamiento observado durante julio llevó a la entidad a activar una función de advertencia dirigida al Ministerio de Hacienda. Además, se ordenaron visitas a distintas entidades para verificar la legalidad, trazabilidad y documentación que respalda las operaciones realizadas.
Entre los aspectos que serán revisados aparecen varios movimientos que presentan características consideradas inusuales por los organismos de control. La Contraloría encontró casos en los que una misma persona recibió dos o más giros en una misma fecha, por valores iguales y respaldados con el mismo informe de ejecución, dentro de un mismo contrato.
También fueron identificados pagos efectuados poco tiempo después de la firma de determinados contratos. Ante esta situación, la entidad busca establecer si los bienes y servicios contratados fueron efectivamente entregados y si los desembolsos correspondieron a las condiciones establecidas en los respectivos acuerdos.
Recursos de la UNGRD, bajo revisión
Uno de los puntos que concentra la atención de la Contraloría corresponde a los recursos destinados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a su fondo de atención de emergencias y desastres.
De acuerdo con la revisión inicial, se registraron giros superiores a 7 billones de pesos hacia esta entidad y su fondo. El organismo de control considera necesario obtener los soportes y evidencias que permitan establecer la justificación de estos movimientos y determinar que los recursos tuvieron una destinación acorde con las normas presupuestales y contractuales.
La revisión no implica, por sí misma, que los recursos hayan sido utilizados de manera irregular. El objetivo de las actuaciones de control es establecer si cada operación cuenta con los documentos correspondientes, si cumplió los procedimientos establecidos y si existe correspondencia entre los pagos efectuados y las obligaciones adquiridas.
También revisan recursos administrados por Fiduprevisora
La Fiduprevisora es otra de las entidades que aparece en el análisis. Durante el periodo objeto de revisión recibió aproximadamente 4,33 billones de pesos como beneficiaria de pagos.
La Contraloría llamó además la atención sobre 31 informes financieros y, particularmente, sobre uno relacionado con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. En ese documento, el revisor fiscal habría advertido dificultades para obtener evidencias suficientes sobre algunas cuentas relacionadas con proveedores de servicios de salud.
A esto se suma la ausencia de determinadas actas del Consejo Directivo, documentos que podrían resultar necesarios para verificar decisiones, instrucciones o autorizaciones con posibles efectos financieros.
Una revisión que busca establecer responsabilidades
La alerta de la Contraloría se produce en un momento particularmente sensible, debido al cierre del gobierno anterior y al proceso de transición administrativa. Por ello, el organismo de control busca determinar si los movimientos registrados corresponden a una dinámica normal de ejecución presupuestal o si existen operaciones que requieren investigaciones fiscales o administrativas adicionales.
Es importante precisar que las alertas y revisiones anunciadas por la Contraloría no constituyen por sí mismas una declaración de responsabilidad fiscal ni prueban la existencia de actos de corrupción. Las autoridades deberán revisar los soportes de cada operación y establecer, con base en las evidencias, si se presentaron irregularidades y quiénes serían eventualmente responsables.
La magnitud de los recursos movilizados durante las últimas semanas del anterior gobierno llevó al organismo de control a concentrar su vigilancia en entidades como el Ministerio de Hacienda, la Fiduprevisora y la UNGRD, con el propósito de verificar que los recursos públicos hayan sido comprometidos, girados y ejecutados conforme a la ley.
Fuente: BLU Radio.
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