Campesinos del departamento del Putumayo pidieron al Gobierno Nacional ser escuchados antes de que se implemente el plan piloto de fumigación aérea contra los cultivos de coca. Las comunidades aseguran que necesitan alternativas económicas que les permitan sustituir estas actividades sin dejar a sus familias sin una fuente de ingresos.
De acuerdo con el reporte de Caracol Radio, el Gobierno Nacional pretende adelantar en Putumayo un plan piloto de fumigación aérea con glufosinato para combatir los cultivos de uso ilícito y afectar las economías de grupos armados ilegales. El medio realizó un recorrido por zonas donde se encuentran las plantaciones y conversó con campesinos que dependen de estas actividades para obtener su sustento.
Los habitantes consultados explicaron que, para muchas familias, el cultivo de coca representa una de las pocas opciones de ingreso disponibles en sus territorios. Señalaron que no se trata únicamente de una actividad relacionada con la economía ilegal, sino de una realidad económica en zonas rurales donde, según sus testimonios, existen pocas oportunidades laborales y productivas.
Algunos campesinos manifestaron que cuentan con cultivos legales, como el cacao, pero consideran que estos todavía no generan los ingresos suficientes para cubrir las necesidades de sus hogares. Por esta razón, solicitan que antes de cualquier proceso de erradicación se desarrollen programas que permitan fortalecer la producción agrícola y generar nuevas fuentes de empleo.
Las comunidades también expresaron preocupación por los efectos que, según sus experiencias, han tenido anteriores jornadas de fumigación. Algunos habitantes recordaron las operaciones realizadas años atrás con glifosato y aseguraron que estas afectaron no solamente los cultivos de coca, sino también otros árboles y elementos de la vegetación.
Ante el anuncio del nuevo plan piloto, los campesinos insistieron en que el Gobierno llegue directamente a los territorios y dialogue con las comunidades. Su principal petición es que se construya una ruta que permita avanzar hacia la sustitución de los cultivos mediante alternativas productivas y programas de apoyo al campo.
El debate se mantiene así entre la estrategia estatal para combatir los cultivos de uso ilícito y la situación económica de las comunidades rurales que dependen de estas actividades. Para los campesinos consultados, la erradicación sin alternativas podría dejarlos sin ingresos, por lo que reclaman que cualquier decisión sea acompañada de soluciones concretas para sus familias.
Fuente: Caracol Radio
Emisora Fusaonline