Tras pisar una mina terrestre, Oleg Shikin fue trasladado al hospital con metralla en el cráneo, quemaduras en la cara y una mano, y heridas en el ojo, pecho, brazos y piernas. Parte de su cráneo debió ser extirpada quirúrgicamente.
Shikin se había alistado a cambio de obtener su libertad de una colonia penal, una decisión que tomaron decenas de miles de presos en los últimos cuatro años para reforzar las filas rusas en Ucrania.
Tras el tratamiento, los médicos le recomendaron una nueva evaluación médica tras un mes de licencia. En cambio, fue reincorporado de inmediato al frente con una placa de titanio en la cabeza.
El caso de Shikin es uno de muchos documentados por BBC News Rusia. Existen registros judiciales de acusaciones reiteradas de que comandantes enviaron a soldados heridos de vuelta al combate sin las evaluaciones médicas legalmente requeridas.
Según la ley rusa, las categorías “no apto” o “parcialmente apto” —que pueden permitir la baja— deben ser determinadas por un comité médico militar completo. Sin embargo, muchos soldados, especialmente exreclusos, denuncian que se les niega ese proceso y quedan atrapados en el ejército.
Sergei Krivenko, de la organización de derechos humanos Citizen Army Law, afirma que esto permite enviarlos “cínicamente a una muerte casi segura”.
BBC News Rusia ha identificado a 233.200 soldados rusos muertos en el conflicto. Según la inteligencia británica, casi 500.000 habrían muerto desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022.
Ante el aumento de denuncias, el Ministerio de Defensa ruso busca convertir en ley permanente las directivas de guerra que simplifican los exámenes médicos, lo que según abogados sugiere que el país se prepara para combatir durante décadas.