La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) respondió a los señalamientos de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) y afirmó que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) presentaron deficiencias, inconsistencias y presuntas manipulaciones en la información reportada para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
De acuerdo con un documento dirigido a la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud y entes de control, la baja calidad y confiabilidad de los datos suministrados por las EPS impidió realizar un estudio técnico de suficiencia para la UPC de 2025. Por esta razón, el incremento se limitó a la inflación, conforme a la norma aplicable cuando no hay condiciones para un cálculo diferente.
La ADRES enfatizó que esta situación se debe a irregularidades en la información de las EPS, ya advertidas en informes de 2024, y no a una decisión arbitraria del Gobierno. “Fueron las EPS las responsables del incremento solo por inflación, ante la imposibilidad material de un cálculo técnico”, indicó la entidad.
Servicios reportados a personas fallecidas
Uno de los hallazgos más graves es el registro de más de 417.000 prestaciones de servicios de salud a personas después de su fallecimiento, con solo cinco casos justificados por errores documentales. La ADRES rechazó explicaciones de ACEMI sobre rezagos administrativos, aclarando que el análisis se basó en la fecha real de prestación del servicio, no en fechas de facturación o autorización. Modificar estos campos “a conveniencia” violaría las normas del sistema de información en salud.
Aumento injustificado en medicamentos
La entidad detectó un incremento del 30,9% en el número de medicamentos reportados y del 35,6% en valores cobrados entre 2022 y 2023, calificado como injustificado. Desestimó argumentos de ACEMI sobre ampliaciones al Plan de Beneficios en Salud, ya que estas estaban vigentes en 2022. Además, identificó dispensación de medicamentos sin autorización del Invima, productos no comercializados en el país según el SISMED y cobros por encima de precios regulados, prácticas que podrían configurar infracciones administrativas y penales.
La ADRES trasladó estos hallazgos a organismos de control y reiteró que financiar medicamentos no autorizados o con sobreprecios usando recursos públicos es ilegal. La entidad defendió que las EPS disponen de hasta el 10% de la UPC para gastos administrativos, suficientes para mantener sistemas de información confiables.
“La calidad de la información no es opcional; es la base para la sostenibilidad del sistema y el derecho a la salud”, concluyó la ADRES, que avanza en su rol como “pagador inteligente” con analítica de datos e inteligencia artificial.
(Fuente: Caracol Radio)
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