El Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), reinaugurado por el presidente Gabriel Boric en 2023, se ha visto afectado tras una serie de disturbios impulsados por miembros de la estructura delictiva.
En menos de un mes, el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), ha enfrentado cuatro episodios de violencia y destrucción que involucraron a 18 internos, principalmente miembros del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional.
La cárcel de alta seguridad es constantemente atacada por internos del Tren de Aragua
El primero de estos incidentes ocurrió el 6 de junio, liderado por Hernán Landaeta Garlotti, alias ‘Satanás’.
Durante este movimiento, seis internos lograron salir al patio, donde rompieron una mesa de ping pong y usaron sus patas como armas para atacar a los custodios. Tres presos y 12 guardias resultaron heridos.
El segundo incidente ocurrió el 27 de junio, cuando un interno destruyó el sanitario de su celda, cavó hasta una cañería y usando herramientas improvisadas, logró liberar a otros seis presos.
Los destrozos en el REPAS han incluido la demolición de mobiliario, daños en las celdas y la infraestructura de servicios sanitarios, lo que ha provocado serias complicaciones en la operatividad del penal.
La ola de violencia en el recinto penitenciario obligó a la remoción de su director
Estos actos de destrucción han forzado la remoción de la directora Fabiola Valladares, reemplazada por Patricio Roa, y la sustitución del jefe de régimen interno.
Como respuesta, la Gendarmería, responsable de las prisiones chilenas y dependiente del Ministerio de Justicia, también ha implementado nuevas medidas para restaurar la seguridad en un penal que era considerado un modelo de alta seguridad.
Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, ha declarado la necesidad de ajustar los protocolos y la infraestructura para enfrentar la violencia demostrada por estas organizaciones criminales.
Por la gravedad de los ataques habrá nuevas reformas en la institución
El REPAS, conocido anteriormente como Cárcel de Alta Seguridad (CAS) y construido en 1994, ha sido tradicionalmente un bastión contra la criminalidad de alto perfil en Chile.
Sin embargo, la reciente oleada de violencia y destrucción ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de sus instalaciones, pues a pesar de contar con medidas estrictas, como locutorios y cámaras de vigilancia, la infraestructura no ha resistido los ataques recientes.
La gravedad de los daños ha llevado a la Gendarmería a presentar cuatro querellas, una de ellas bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado, que impone penas más severas.
El Gobierno, por su parte, ha dispuesto la intervención de psicólogos, sociólogos y criminólogos para observar el comportamiento de los reclusos y desarrollar mejores estrategias de manejo.
En este momento, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, se está reuniendo con diferentes asociaciones en búsqueda de nuevas medidas a ejecutar en el Recinto de Máxima Seguridad. —- RCN Noticias —
Foto: El Nacional
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