La condena a 26 años de prisión impuesta a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, cabecilla de la banda criminal ‘Los Costeños’, tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía por su participación en 95 homicidios, ha desatado fuerte controversia sobre la efectividad y proporcionalidad del sistema penal colombiano.
El acuerdo, avalado por un juez penal especializado, reconoce la responsabilidad del procesado en estos crímenes selectivos y en varios ataques armados ocurridos entre 2014 y 2024 en Barranquilla y su área metropolitana, que dejaron además al menos 38 personas heridas.
Expertos consultados advierten que el caso pone en evidencia las restricciones estructurales de la rama judicial. El politólogo Luis Trejos, investigador de la Universidad del Norte, calificó el preacuerdo como “una forma de justicia” adaptada a la realidad de sobrecarga judicial: “No es la sanción plena que se desearía por cada delito, pero permitió avanzar al haber reconocimiento de responsabilidad y evitar que múltiples procesos terminaran en impunidad por vencimiento de términos o preclusión”.
Por su lado, el abogado penalista Raúl Romero del Río explicó el mecanismo de la llamada “justicia premiada” o premial: “Se otorgan beneficios punitivos a cambio de aceptación de cargos y colaboración efectiva, que muchas veces incluye información valiosa para desmantelar organizaciones criminales enteras. Una condena menor puede ser el costo estratégico para obtener verdad y desarticular estructuras delictivas”.
Ambos analistas coinciden en que, pese a las críticas por la aparente lenidad de la pena –cuestionada en redes sociales por equivaler a pocos meses por homicidio–, los preacuerdos constituyen una herramienta legal vigente en el Código Penal colombiano, sujeta a control judicial.
Un aspecto central del debate recae en las víctimas. El sistema les garantiza derechos como participación en audiencias, información del proceso y reparación integral, según jurisprudencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, el juez prioriza la legalidad formal del acuerdo y la protección mínima de esos derechos, lo que permite su aprobación incluso ante oposición de los afectados.
Trejos insistió en que el foco debe girar ahora hacia la reparación efectiva: “Es clave identificar y afectar los bienes y capitales acumulados por el cabecilla durante su actividad criminal para compensar a las víctimas”.
Los especialistas concluyen que este episodio debería impulsar una reflexión más amplia sobre la necesidad de fortalecer la rama judicial y promover reformas estructurales que reduzcan la impunidad y mejoren la respuesta del Estado frente al crimen organizado. (Fuente: Caracol Radio)
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