El atentado sicarial ocurrido el 13 de enero en Neiva, que cobró la vida del hijo de 11 años del director de la cárcel de Media Seguridad y dejó gravemente herido al subdirector, se inscribe en una preocupante escalada de violencia dirigida contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y sus familias.
De acuerdo con datos oficiales y reportes periodísticos consolidados hasta inicios de 2026, las cifras reflejan una situación crítica:
• Al menos 35 funcionarios del INPEC asesinados desde 2022 hasta enero de 2026.
• Más de 50 atentados registrados en el mismo período, de los cuales aproximadamente 22 terminaron en homicidios.
• En el año 2025 se reportaron 23 atentados y 8 asesinatos de guardianes o directivos.
• Se han documentado más de 1.136 funcionarios amenazados y un total superior a 1.100 amenazas formales recibidas entre 2022 y 2026.
• En los últimos siete años (hasta agosto de 2025), la Defensoría del Pueblo registró 63 homicidios de servidores penitenciarios.
Las principales ciudades donde se concentran estos ataques incluyen Bogotá, Cali, Palmira, Cartagena, Cúcuta y, más recientemente, Neiva. La mayoría de los hechos ocurren mediante sicarios en motocicleta durante los trayectos de ingreso o salida de los centros penitenciarios, o en vías aledañas.
Las autoridades penitenciarias y el Ministerio de Justicia atribuyen esta ola de violencia principalmente a retaliaciones de estructuras criminales que operan desde el interior de las cárceles, en respuesta a traslados de internos de alto perfil, decomisos de elementos prohibidos o investigaciones por corrupción.
Entre las medidas adoptadas por el INPEC en los últimos meses se encuentran:
• Refuerzo de escoltas y custodia policial en horarios críticos.
• Suspensión temporal de traslados en algunos establecimientos de alto riesgo.
• Realización de megaoperativos de control en más de 120 cárceles del país.
• Solicitud formal de esquemas de protección adicionales para directivos y sus núcleos familiares.
La Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones gremiales han insistido en que la situación evidencia problemas estructurales profundos: hacinamiento extremo, precariedad laboral de los guardianes, corrupción interna y el poder desmedido que mantienen las bandas criminales dentro del sistema penitenciario.
Las autoridades mantienen vigente el llamado a la ciudadanía para que aporte información confidencial que permita avanzar en las investigaciones y capturar tanto a los autores materiales como a los posibles determinadores de estos crímenes.
—Fuente: INPEC—
Emisora Fusaonline