Por:Álvaro Eduardo Farfán Vargas
La seguridad pública constituye un pilar fundamental para cualquier nación. En Colombia, los cuerpos de bomberos voluntarios cumplen un rol esencial en la gestión integral del riesgo y la atención de emergencias. Sin embargo, las relaciones contractuales que mantienen con los entes territoriales se han convertido en un desafío cada vez más complejo y, con frecuencia, en una fuente permanente de conflictos y dificultades operativas.
Desde un enfoque analítico, resulta necesario desglosar las responsabilidades, los impactos y las limitaciones que subyacen a estos convenios y contratos entre las instituciones bomberiles y las distintas administraciones locales.
El marco normativo principal lo establece la Ley 1575 de 2012, que regula la organización y funcionamiento de los cuerpos de bomberos voluntarios, subrayando su carácter voluntario pero al mismo tiempo esencial en la respuesta a emergencias. Esta norma se complementa con la Ley 80 de 1993 (contratación estatal) y otras disposiciones relacionadas con la gestión de recursos, derechos laborales y condiciones de trabajo.
El cumplimiento riguroso de estas normas es indispensable para que los cuerpos de bomberos puedan desempeñar su labor con eficiencia y seguridad. Sin embargo, la implementación efectiva de estas disposiciones suele ser deficiente, generando ineficiencias que impactan directamente en la capacidad operativa de estas instituciones.
Los entes territoriales tienen la obligación constitucional y legal de garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. En el caso concreto de los bomberos, esto implica proveer los recursos financieros necesarios para su funcionamiento. Con demasiada frecuencia, las prioridades de alcaldes y administraciones locales se orientan hacia otros sectores, dejando a los cuerpos de bomberos en una situación de precariedad que compromete gravemente el desarrollo digno de sus funciones misionales.
Esta falta de atención produce consecuencias graves: escasez crónica de equipos de protección personal, materiales especializados, vehículos y herramientas esenciales para la atención de incendios, rescates en altura, acuáticos o con materiales peligrosos, entre otros escenarios. Igualmente preocupante es la situación salarial: son recurrentes los casos de personal operativo que recibe remuneraciones inferiores a lo estipulado por la normativa laboral, lo que genera desmotivación, baja retención de talento y deterioro en la calidad del servicio.
Los cuerpos de bomberos constituyen un servicio público esencial. No obstante, su eficiencia se ve seriamente afectada por la intermitencia en los convenios, la falta de continuidad presupuestal y la precariedad de muchas cláusulas contractuales, que rara vez consideran la variabilidad estacional o la imprevisibilidad de la demanda de servicios.
De acuerdo con datos referenciados por el Ministerio de Defensa Nacional, aproximadamente el 70% de los incendios en áreas rurales son atendidos por cuerpos de bomberos voluntarios. Cuando el financiamiento es insuficiente o discontinuo, la respuesta a emergencias se torna lenta, limitada o incluso inexistente, incrementando el número de incidentes que podrían haberse evitado y erosionando la confianza ciudadana en estos servicios.
Uno de los problemas estructurales más graves es la temporalidad y fragilidad de los convenios. Los contratos de corta duración o los convenios que caducan sin renovación inmediata generan incertidumbre en la planificación, interrupciones en el flujo de recursos y vacíos administrativos que afectan desde la compra de combustible hasta el mantenimiento preventivo de equipos y la formación continua del personal.
Es frecuente que las cláusulas contractuales sean genéricas y no respondan a las necesidades reales de cada cuerpo de bomberos: no contemplan partidas específicas para capacitación permanente, renovación de equipos especializados ni ajustes anuales por inflación o incremento de costos operativos.
Desde el punto de vista económico y de seguridad laboral, la insuficiencia presupuestal no solo limita la operatividad, sino que pone en riesgo directo la vida e integridad del personal bomberil, obligándolo a intervenir en condiciones adversas y sin el equipamiento mínimo indispensable para una labor catalogada como de alto riesgo. Esta situación constituye una clara violación de normas laborales y, sobre todo, una falta de reconocimiento y dignificación hacia quienes arriesgan su vida por el bienestar colectivo.
La capacidad operativa se ve igualmente mermada por la carencia de formación sistemática. Aunque la Ley 1575 de 2012 establece la obligatoriedad de la capacitación, en la práctica muchos bomberos deben costear su propia preparación o acceder a ella de manera esporádica e insuficiente.
A esto se suma la precaria infraestructura y la falta de equipamiento básico (unidades extintoras, vehículos de rescate, ambulancias, trajes estructurales, equipos de respiración autónoma, etc.), lo que reduce drásticamente la capacidad de respuesta y se traduce —según diversas estadísticas— en mayor número de víctimas fatales en emergencias que pudieron haberse controlado con mayor prontitud y eficacia.
Un tema particularmente sensible es la omisión de socorro. En muchos territorios se utiliza como mecanismo de presión para obligar a los cuerpos de bomberos a salir a atender emergencias sin contar con las condiciones mínimas de seguridad. Si bien el Código Penal colombiano sanciona la omisión de socorro, es necesario comprender que en numerosas ocasiones esta omisión no obedece a negligencia o falta de voluntad, sino a limitaciones estructurales graves que impiden operar con seguridad. Esto plantea un dilema ético y jurídico de enorme complejidad para comandantes y representantes legales.
Resulta urgente adoptar decisiones estratégicas de fondo. Los comandantes deben asumir no solo la operación diaria, sino también una gestión transparente y eficiente de los recursos recibidos. La rendición de cuentas debe abarcar tanto el uso presupuestal como la evaluación permanente de la capacitación y preparación del personal.
Otro aspecto crítico es la seguridad social del personal bomberil. Gran parte de los voluntarios carece de afiliación adecuada al sistema de salud y pensional, lo que representa una vulneración de derechos básicos y afecta gravemente la moral y el compromiso de quienes se dedican a esta labor de alto riesgo.
Los entes territoriales están llamados a asumir con seriedad su responsabilidad y a promover políticas públicas que garanticen la protección integral de los voluntarios, incluyendo incentivos reales, beneficios prestacionales y una remuneración digna acorde con el sacrificio que implica esta profesión.
En conclusión, los retos que enfrentan los cuerpos de bomberos voluntarios en su relación con los entes territoriales son profundos y estructurales. Se requiere con urgencia una revisión integral de los marcos normativos, de las prácticas contractuales y de las responsabilidades compartidas entre alcaldes, gobernadores y comandantes.
Solo mediante un compromiso real, sostenido y multiactor se podrá fortalecer este servicio público esencial, garantizar condiciones operativas dignas, formación continua, asignación adecuada de recursos y protección efectiva de los derechos laborales de quienes arriesgan su vida para salvaguardar vidas, bienes y el medio ambiente.
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