Los jueces con funciones de Control de Garantías de Medellín expresaron su respaldo al juez que solicitó investigar las actuaciones del presidente Abelardo De La Espriella, luego del trato y la exposición pública de alias ‘Primo Gay’ y otro hombre identificado como alias ‘Cherry’. El pronunciamiento también rechazó las amenazas, intimidaciones y descalificaciones que habría recibido el funcionario judicial tras su decisión.
El respaldo se produjo después de que el juez ordenara compulsar copias a las autoridades competentes para que examinen las circunstancias en las que fueron presentados públicamente los dos ciudadanos, así como las expresiones utilizadas durante el procedimiento. La solicitud busca establecer si las actuaciones de funcionarios públicos, incluido el mandatario, se ajustaron a los principios constitucionales y al respeto de los derechos fundamentales.
La controversia surgió después de un encuentro entre el presidente Abelardo De La Espriella y alias ‘Primo Gay’, señalado de participar en hechos criminales. Durante ese episodio, el mandatario utilizó expresiones despectivas contra el detenido, a quien calificó públicamente como un «miserable asesino despreciable», entre otros señalamientos.
Posteriormente, el juez que ordenó enviar a prisión al señalado delincuente solicitó que se investigaran las posibles actuaciones del presidente y de otros funcionarios públicos, tanto por el trato dispensado a los detenidos como por su exposición ante la opinión pública.
En su pronunciamiento, los jueces de Medellín recordaron que todas las personas sometidas a investigación o juzgamiento conservan sus derechos fundamentales, independientemente de los delitos que se les atribuyan. También insistieron en que la dignidad humana es un principio esencial del Estado social de derecho y que la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes debe respetarse incluso cuando se trata de personas privadas de la libertad.
Los funcionarios judiciales aclararon que compulsar copias no significa declarar responsable a ninguna persona ni anticipar una decisión sobre los hechos. Se trata de poner la situación en conocimiento de las autoridades correspondientes para que adelanten las verificaciones dentro de sus competencias.
Finalmente, manifestaron su preocupación por los ataques y las intimidaciones que habría recibido el juez 104 a raíz de su determinación y defendieron la independencia judicial, al considerar que ningún funcionario debe ser objeto de presiones o amenazas por las decisiones que adopta en ejercicio de sus funciones.
Fuente: Blu Radio.
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