El Gobierno nacional emitió una nueva circular dirigida a ministerios y entidades del Ejecutivo con lineamientos de austeridad y racionalización del gasto, que incluyen restricciones para la vinculación de personal y la celebración de nuevos contratos de prestación de servicios.
La medida establece que las entidades deberán justificar las nuevas vinculaciones a partir de una necesidad cierta y verificable, además de comprobar que estas sean compatibles con las disponibilidades presupuestales. Antes de recurrir a nuevas contrataciones, deberán analizar alternativas como la redistribución de cargas laborales, la movilidad interna, el aprovechamiento de capacidades existentes, la simplificación de procesos y la automatización.
Uno de los principales puntos de la circular está relacionado con los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Cada entidad deberá establecer como línea base el universo y el valor de los contratos celebrados durante las vigencias anteriores, con el propósito de determinar la programación de nuevas contrataciones.
Sobre esa base, la circular establece que la programación de nuevos contratos deberá orientarse a un máximo del veinticinco por ciento de dicha línea base. La metodología utilizada para realizar este cálculo deberá quedar documentada y ser verificable, con el objetivo de evitar duplicidades o incrementos artificiales de la base de referencia.
La disposición también contempla excepciones. Entre ellas se encuentran los servicios esenciales, las labores relacionadas con seguridad y protección, la atención de emergencias, los proyectos que cuenten con financiación o destinación específica y aquellos compromisos derivados de acuerdos internacionales.
En materia de cargos de libre nombramiento y remoción, el Gobierno también fijó criterios de austeridad para su provisión. La programación de estos empleos deberá mantenerse dentro de un límite equivalente al sesenta por ciento de los cargos de esa naturaleza legalmente previstos y susceptibles de provisión, con algunas excepciones establecidas en la propia circular.
Las entidades deberán realizar además reportes periódicos sobre la planta autorizada, el número y valor de los contratos de prestación de servicios con personas naturales, los ahorros estimados y las medidas correctivas implementadas. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República realizará seguimiento dentro de sus competencias de coordinación de las prioridades gubernamentales.
La decisión busca contener el gasto recurrente del Estado y fortalecer los criterios de austeridad en la administración pública. Sin embargo, la circular contempla excepciones y no establece una prohibición absoluta de los contratos de prestación de servicios, sino límites y condiciones para la programación de nuevas vinculaciones.
Fuente: Blu Radio
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