El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el Ejecutivo presentará una acción jurídica para impugnar la suspensión provisional decretada por la Corte Constitucional al Decreto Legislativo 1390 de 2025, mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional.
La medida del alto tribunal, adoptada por mayoría de seis votos contra dos, dejó sin efectos inmediatos el decreto expedido el 22 de diciembre de 2025, mientras se resuelve de fondo su constitucionalidad. Según el Gobierno, la figura de suspensión provisional aplicada por la Corte “no tiene precedentes” en este tipo de declaratorias y, por tanto, reclamará su inaplicabilidad en el caso concreto.
El anuncio se produce tras la decisión judicial que frenó temporalmente las facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo para implementar medidas fiscales destinadas a cubrir un déficit presupuestal estimado en alrededor de 16 billones de pesos para 2026, tras el hundimiento en el Congreso de la ley de financiamiento. Entre las disposiciones afectadas se encontraban incrementos tributarios a patrimonios altos, sobretasas al sector financiero, alzas de IVA en licores, tabaco y juegos de azar, entre otras, proyectadas para recaudar inicialmente unos 11,1 billones.
El titular de Hacienda calificó la suspensión como una medida sin antecedentes en la jurisprudencia de emergencias económicas y sostuvo que el Gobierno defenderá la validez del decreto ante las instancias correspondientes, argumentando la necesidad de garantizar recursos para el cumplimiento de obligaciones estatales y la continuidad del gasto social en medio de restricciones fiscales.
La Corte Constitucional justificó la suspensión cautelar como indispensable para evitar daños irreparables o efectos irreversibles mientras avanza el estudio de fondo, acogiendo en buena medida la ponencia del magistrado Carlos Camargo.
Fuente: BluRadio
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