La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes el “fin” de la Ley de Amnistía, apenas dos meses y medio después de su aprobación por la Asamblea Nacional.
La ley fue aprobada tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en Caracas a inicios de enero de 2026, con el objetivo declarado de “consolidar la paz y la convivencia” mediante la excarcelación de presos políticos. Sin embargo, su alcance resultó limitado: excluía a militares y a personas involucradas en acciones armadas o de fuerza contra el Estado, y solo cubría 13 momentos específicos de crisis política desde 2002.
Según cifras del Foro Penal, al 20 de abril de 2026 permanecían en prisión 473 detenidos por motivos políticos: 427 hombres y 46 mujeres, entre ellos un adolescente y 43 extranjeros. De estos, 286 son civiles y 187 son militares. Además, se desconoce el paradero de dos personas.
Desde el 8 de enero, la organización ha documentado 768 excarcelaciones de presos políticos, de las cuales solo 186 (24,21 %) se realizaron mediante la Ley de Amnistía.
El diputado oficialista Jorge Arreaza, presidente de la comisión encargada de la ley, aseguró que esta “no pierde vigencia” y que las solicitudes seguirán siendo recibidas. Afirmó que la norma ha beneficiado a “casi todas las personas a las que podía beneficiar” y que los casos pendientes podrán canalizarse a través del Programa de Convivencia Democrática y Paz y la Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia Penal.
Por su parte, el Foro Penal criticó duramente el anuncio. Su director vicepresidente, Gonzalo Himiob, recordó que según el artículo 218 de la Constitución, las leyes solo pueden ser derogadas por otra ley de la Asamblea Nacional o mediante referendo abrogatorio, y que la Ley de Amnistía no establecía una fecha de caducidad.
“El Poder Ejecutivo no puede privar de su vigencia a ninguna ley de la República”, señaló Himiob.
El mismo día del anuncio, fue excarcelado un coronel de la Guardia Nacional Bolivariana de 65 años, quien había permanecido detenido durante 11 años sin juicio en la cárcel 26 de Julio, en San Juan de los Morros (estado Guárico), y se encontraba gravemente enfermo.
Organizaciones de derechos humanos y familiares de presos políticos han cuestionado desde el inicio el alcance reducido de la ley y han exigido la liberación total e incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas.