Defensoría del Pueblo emite alerta temprana para siete departamentos ante disputa entre disidencias

La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana para los departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca (sector de Piamonte) debido a los riesgos extremos y altos que enfrenta la población civil por la confrontación armada entre disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’.

Según la Defensoría, esta situación podría desencadenar una crisis de magnitudes similares a las vividas en la región del Catatumbo. La entidad ha advertido que los frentes liderados por alias ‘Calarcá’ están actualmente en proceso de paz con el Gobierno, con un cese al fuego vigente hasta el 15 de abril, sujeto a prórroga según evaluaciones conjuntas.

Principales riesgos identificados

  • Reclutamiento y uso forzado de niños, niñas y adolescentes, especialmente en comunidades indígenas.
  • Confinamiento y restricciones al acceso a bienes esenciales.
  • Desplazamiento forzado.
  • Amenazas y homicidios contra liderazgos sociales y comunitarios.
  • Contaminación del territorio con minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados.
  • Dificultades en el acceso humanitario.
  • Riesgos para desmovilizados y quienes participan en procesos de sometimiento a la justicia.
  • Falta de garantías para la gestión digna de los cuerpos de víctimas del conflicto.

Recomendaciones al Estado colombiano

Ante este panorama, la Defensoría ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes entidades del Estado:

  • Presidencia y Oficina del Alto Comisionado para la Paz: Asegurar un enfoque integral en la Mesa de Diálogos de Paz, garantizando medidas de no repetición y respeto al Derecho Internacional Humanitario.
  • Ministerio del Interior: Fortalecer la prevención y protección colectiva en comunidades de alto riesgo.
  • Fuerza Pública: Implementar estrategias de seguridad con enfoque en derechos humanos, evitando la estigmatización y protegiendo a la población civil en el marco del DIH.
  • Unidad para las Víctimas: Brindar atención urgente y diferenciada a desplazados y comunidades confinadas.
  • Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Aplicar medidas para prevenir el reclutamiento forzado de menores en las zonas afectadas.
  • Procuraduría: Asegurar veeduría activa y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos.
  • Entidades territoriales: Coordinarse con el Gobierno nacional para implementar mecanismos de protección temprana en los municipios más afectados.

La Defensoría del Pueblo subraya la urgencia de que el Gobierno tome medidas concretas para evitar que los riesgos advertidos se materialicen. La entidad continuará con el monitoreo permanente en los territorios afectados, con el objetivo de garantizar la protección de las comunidades y el respeto a los derechos fundamentales en medio del conflicto. –Caracol Radio–

Emisora Fusaonline