Corte Internacional de Justicia declara que Birmania cometió genocidio contra los rohinyás

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, declaró que Birmania, también conocida como Myanmar, cometió genocidio contra la población musulmana rohinyá en el norte del estado de Rakáin. La decisión representa un fallo histórico en materia de justicia internacional, al establecer la responsabilidad de un Estado por este crimen, de acuerdo con la información publicada por la revista Semana.

Durante la lectura del fallo, el presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, señaló que Birmania incumplió sus obligaciones establecidas en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. El tribunal concluyó que las acciones de las fuerzas militares contra esta comunidad estuvieron dirigidas a destruir, al menos parcialmente, al grupo rohinyá.

Entre las pruebas examinadas durante el proceso judicial se encuentran asesinatos de miles de civiles, actos de violencia sexual a gran escala, agresiones contra niños y ataques contra integrantes de esta población que intentaban escapar hacia Bangladés. Según las estimaciones mencionadas durante el proceso, alrededor de diez mil rohinyás habrían muerto durante las operaciones militares de 2017.

El caso fue presentado por Gambia y contó con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica. Durante siete años, los magistrados examinaron las denuncias relacionadas con la persecución y la violencia ejercida contra esta minoría musulmana, que durante años ha enfrentado desplazamientos forzados, discriminación y graves vulneraciones de sus derechos fundamentales.

Como consecuencia de la violencia, más de un millón de rohinyás permanecen en campamentos de refugiados en Bangladés, donde sobreviven en condiciones precarias. Los testimonios de los sobrevivientes incluyen denuncias de ejecuciones, violaciones colectivas, destrucción de viviendas y ataques contra familias enteras.

Por su parte, las autoridades de Birmania han rechazado las acusaciones de genocidio y han argumentado que las operaciones militares respondieron a una situación de seguridad interna, tras ataques atribuidos a grupos insurgentes rohinyás.

Aunque la Corte Internacional de Justicia no cuenta con mecanismos propios para ejecutar directamente sus decisiones, el fallo representa un importante pronunciamiento jurídico y aumenta la presión internacional sobre el Gobierno birmano y sus responsables políticos y militares.

El caso también tiene repercusiones en otros escenarios judiciales. La Corte Penal Internacional adelanta actuaciones relacionadas con presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos contra esta población, mientras que en Argentina se desarrolla otro procedimiento bajo el principio de jurisdicción universal.

La decisión constituye un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia para la comunidad rohinyá, cuyas denuncias de persecución y violencia han sido objeto de atención internacional durante años.

Fuente: Revista Semana, con información de AFP.

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